La ley del Montes | ¡Está en juego la democracia!

La permanencia de Vega en el cargo es, pues, insostenible. El registrador Nacional no es prenda de garantía para ningún partido político, ni mucho menos para ningún colombiano. Nadie puede dormir tranquilo sabiendo que Vega está al frente de la Registraduría. Y eso es muy grave, porque el único patrimonio que debe tener la Registraduría es la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Hoy todos desconfiamos de la Registraduría, pero –sobre todo– del registrador Vega. No es un asunto de corrupción, sino de ineptitud. Por ahora.

En estos momentos nadie sabe con certeza cómo siguen apareciendo votos en distintas mesas de votación a lo largo y ancho del país, la inmensa mayoría de ellos favorables al Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro. No puede el registrador Vega atribuir la “aparición” de cerca de 400.000 votos a simples “errores humanos”, reflejados en inconsistencias en los formularios E-14. Esa explicación no es suficiente ni convincente. Es su obligación decirle al país cómo y de qué forma fue que aparecieron todos y cada uno de esos votos. El valor supremo de toda democracia es el voto, porque permite a cada ciudadano ejercer de forma libre y soberana su derecho a elegir y ser elegido. Ese sagrado derecho de toda democracia está en grave peligro en Colombia.

Llama la atención que quienes venían pregonando el fraude electoral resultaron los más favorecidos con el reconteo y el escrutinio de los votos. El senador Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, integrante del Pacto Histórico, había dado instrucciones a los seguidores de dicha coalición para que estuvieran listos para hacerse sentir en las calles en caso de que los resultados no les favorecieran. Luego desactivó esas instrucciones, como quedó evidenciado en su cuenta de Twitter. Hoy siguen denunciando el supuesto fraude, pero sin mencionar a Vega, el único responsable de lo sucedido. Como en las películas de misterio, denuncian el asesinato del rey, pero exoneran de toda responsabilidad al mayordomo, el único que lo acompañaba en la habitación. Curioso.

Entre las múltiples voces que reprochan y condenan lo sucedido están las de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El primero responsabiliza directamente a Vega y le exige explicaciones acerca de sus relaciones con la firma española Indra, a la que la Registraduría le entregó un multimillonario contrato el 29 de diciembre pasado para la celebración de las elecciones. Uribe, por su parte, ha sido mucho más contundente en sus afirmaciones: “Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E-14 llenos de tachones y enmendaduras. Firmas que no coinciden. No se puede aceptar este resultado”, escribió en su cuenta de Twitter el ex presidente.

No hay en Colombia en estos momentos una sola voz que respalde lo hecho por Vega como registrador Nacional. Y eso es muy grave. Grave no: gravísimo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cuál es el camino a seguir?

Desde que se posesionó en noviembre de 2019, ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo absoluto sigilo y sin que su antecesor, Juan Carlos Galindo, hubiera terminado su periodo, el registrador Alexander Vega ha sido protagonista de múltiples escándalos.

Aún se recuerda su controversia con el director del Dane relacionada con la existencia de “cinco millones de colombianos” que no aparecen en el Censo Nacional. Vega sostiene que somos 55 millones de colombianos y no 50, como dice el Dane. Pero hay otras denuncias mucho más graves y delicadas sobre la conducta de Alexander Vega, ex magistrado y ex presidente del CNE.

El ex candidato a la Gobernación de Antioquia Andrés Guerra Hoyos lo señala de haberle pedido 1.200 millones de pesos –como “mensajero” del entonces magistrado del CNE Marco Emilio Hincapié– a cambio de revisar unos escrutinios que Guerra estaba denunciando, pues por cuenta de esos votos había perdido su curul al Senado como aspirante del partido de La U.

Pese a la grave denuncia, sobre hechos ocurridos en 2010, el suceso no ha tenido mayores repercusiones ante las autoridades competentes.

¿Cómo así que el hoy registrador Nacional aparece mencionado en un oscuro episodio por un supuesto cobro para favorecer a un aspirante al Senado? ¿En qué terminó esa investigación? ¿Terminó esa investigación? ¿Ese Alexander Vega mencionado en ese escabroso episodio es el mismo que está al frente de la Registraduría Nacional? ¿En sus manos está nuestra democracia? ¿Podemos confiar los colombianos en alguien con semejante mácula? Por el bien del país es necesario que Vega dé explicaciones certeras, claras y contundentes sobre este episodio que lo involucra directamente.

Guerra Hoyos jamás ha rectificado sus afirmaciones. Todo lo contrario: siempre se ratifica sobre su grave denuncia.

El registrador Nacional, Alexánder Vega, no es prenda de garantía para las elecciones presidenciales que se avecinan. No genera confianza en ninguna de sus actuaciones. Su trayectoria pública está llena de graves señalamientos que despiertan sospechas y de oscuros procederes que generan dudas. Punto.

Su llegada al CNE, por ejemplo, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, entre ellos la acreditación de 10 años de ejercicio como abogado, estuvo llena de todo tipo de especulaciones.

 En su momento –cuando aspiró al cargo a nombre del partido de La U– recibió el espaldarazo y el apoyo incondicional de los entonces súper poderosos “Ñoños” de Córdoba, grandes electores de Juan Manuel Santos, en tiempos de su reelección.

En efecto, los padrinos políticos de Vega cuando aspiró al cargo de registrador fueron los tristemente célebres “Ñoños”: Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, ambos condenados por la Corte Suprema de Justicia.

Ya como magistrado del CNE, Vega fue el gran protagonista a la hora de salvar a Santos de su participación en el escándalo de Odebrecht, pese a los graves señalamientos de ‘Ñoño’ Elías, uno de sus antiguos padrinos políticos.

Gracias a Vega, Santos se salvó de Odebrecht, lo que no sucedió con ‘Ñoño’ Elías, ni con el exsenador Otto Bula, otro contertulio frecuente de Vega en sus tiempos de congresista.

La elección de Alexánder Vega, como registrador Nacional también estuvo llena de atajos y “jugaditas”, que, al parecer, son sus favoritas.

Luego de un cambio de reglamento para escoger registrador Nacional –que lo favoreció– Vega aspiró a dicho cargo y resultó electo por los entonces presidentes de las tres altas cortes.

En efecto, después de pasar las pruebas de conocimiento y de acreditar una precaria experiencia, Vega resultó elegido registrador por los magistrados Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional; Lucy Jeanette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado; y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ninguno de ellos tuvo en cuenta los cuestionamientos y señalamientos que pesaban sobre Vega, entre ellos la denuncia de Andrés Guerra Hoyos de haberle pedido 1.200 millones de pesos. Por eso su posesión en noviembre de 2019 estuvo alejada de los reflectores de las cámaras y de los interrogatorios de los medios de comunicación.

Ya como registrador adjudicó el 29 de diciembre del año pasado –cuando faltaban pocas horas para terminar el 2021– el cuestionado contrato a la firma española Indra, denunciado por el expresidente Andrés Pastrana, quien sigue esperando de Vega una respuesta sobre ese delicado asunto.

Pastrana es una de las voces más vehementes al denunciar el supuesto fraude en las elecciones del pasado domingo.

En las actuales circunstancias, Alexánder Vega no puede ser el registrador Nacional. Su retiro del cargo debe ser inmediato. La suerte del país no puede estar en manos de tan cuestionado personaje. Vega como registrador Nacional no inspira confianza.

Con sus antecedentes no es extraño que suceda lo que está sucediendo. Y eso es muy grave. Quienes creemos en la democracia confiamos en el veredicto de las urnas. No va a ocurrir así mientras Vega sea registrador, lastimosamente. El país todo –sin distingos partidistas– debe pronunciarse sobre la permanencia de Vega en el cargo. Exigir su retiro debe ser un compromiso nacional. Está en juego la suerte de nuestra democracia.

La designación de un registrador ‘ad hoc’ –que goce de enorme prestigio y cuyo nombre no genere el más mínimo cuestionamiento– es una salida que debe considerarse. No es hora de revanchismos ni de cuentas de cobro. El tiempo apremia y se requiere de soluciones urgentes.

La escogencia de un registrador ‘ad hoc’ –que asuma la responsabilidad de celebrar unas elecciones con absoluta eficiencia y transparencia y cuyos resultados sean aceptados por todos– no da espera.

Alexánder Vega debe renunciar a su cargo y su proceder como registrador debe ser auscultado con máximo rigor para saber con claridad por qué razón Colombia –la democracia más estable de América Latina– está viviendo la peor incertidumbre electoral de toda su historia.