Expertos del CTI de la Fiscalía dictaminaron que el video en el que el candidato Óscar Iván Zuluaga pareciera recibir información estatal reservada de parte del hacker Andrés Sepúlveda, es real y no un montaje como lo pretendió hace ver la defensa del presidenciable del Centro Democrático.
En un comunicado de cinco puntos, el ente investigador aclaró que la pieza audiovisual no fue manipulada y que 'presenta continuidad de audio y video y no hay indicios de que el mismo haya sido sometido a un proceso de edición'.
Sobre el estudio presentado el jueves por Jaime Granados, abogado de Zuluaga, que concluía que el video era 'un montaje', el ente de control penal señaló que los peritos del jurista hicieron su informe técnico en el video que reveló la revista Semana 'adaptado periodísticamente', y que este informe 'carece de sustento técnico y científico'.
Añade la Fiscalía que 'los desfases en audio y video que se indican pueden obedecer a la pérdida de datos al momento de descargar el video (...), al tipo de formato en que se almacenó (...) o al posible cambio de formato'.
Y concluye que el 'análisis crítico' que hizo el perito de Granados, Andrés Guzmán, 'presenta falencias técnicas que impiden dotar de validez el informe presentado por el abogado denunciante'.
No obstante, horas antes, Granados, quien fue citado nuevamente por el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para ampliar la denuncia que interpusiera contra Rafael Revert, excolega del hacker que grabó el video y quien ahora es testigo protegido por la Fiscalía, estuvo un poco más de dos horas en el despacho del segundo de la Fiscalía General y a su salida reiteró a los medios que 'hay una infiltración en la campaña de Zuluaga para desprestigiarlo'.
El jurista, que se excusó de no entregar los detalles de la denuncia por la 'reserva', dijo estar a la espera de que el vicefiscal 'llegue hasta el fondo de este asunto lo antes posible'.
Acerca de por qué los peritos de la defensa del candidato uribista, quienes también fueron llamados para que explicaran sus análisis, se negaron a entregar sus explicaciones, Granados afirmó que 'el perito lo que hizo fue una exposición académica del vídeo (...) por lo que no puede aportar nada'.
El peritaje afirmaba que en la grabación había al menos 17 cortes de edición, que el audio se acomodó a las imágenes y que el sonido no tenía métodos de cadena de custodia o método alguno que garantizara su autenticidad.
El propio Zuluaga, tras caer en varias contradicciones sobre sus entrevistas con el hacker y el nivel de cercanía entre ambos, ha insistido en que el mencionado video, grabado clandestinamente a finales de abril, era un 'montaje' para desacreditar su candidatura justo cuando crecía en las últimas encuestas de la campaña.
Debido a lo anterior, en las redes sociales volvió a tomar fuerza la petición al candidato Zuluaga para que renuncie a su aspiración ante los graves señalamientos del presunto espionaje al Estado para sabotear el proceso de paz.
Así mismo, el senador barranquillero del Partido de la U, Armando Benedetti, se unió a la solicitud y escribió en su cuenta de Twitter: 'la Fiscalía, después de un análisis profundo, determina que el vídeo de Zuluaga no fue adulterado…renuncie'.
De otro lado, también ayer, durante unas dos horas el exasesor de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, tras ser vinculado formalmente a la investigación, rindió interrogatorio sobre su relación con el hacker del partido uribista y dio explicaciones de por qué lo llevó a los medios con 'información' para afectar la campaña del presidente-candidato Juan Manuel Santos.
En el Tribunal de Cundinamarca
Un ciudadano radicó una acción de tutela o recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar la candidatura a la Presidencia de Óscar Iván Zuluaga, por los escándalos de espionaje que afectan a su campaña con miras a las elecciones del domingo. La tutela solicita 'cancelar la inscripción de la candidatura como aspirante a la Presidencia de la República al doctor Óscar Iván Zuluaga', y deberá ser resuelta en primera instancia en un plazo máximo de diez días.
