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Política

Congreso discutirá proyectos para el sometimiento de bandas criminales

Las iniciativas se presentarán en el mes de febrero. Ariel Ávila detalló los alcances de los proyectos. 

Dos iniciativas prepara el Gobierno nacional para presentarlas ante el Congreso de la República y así completar el marco legal y jurídico de la política de paz total del presidente Gustavo Petro

Ambas propuestas, las cuales llegarán al legislativo en este año, hacen parte del proyecto de ley para el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales

Así lo explicó el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien detalló que la primera de ellas se radicará en el Congreso los primeros días de febrero con mensaje de urgencia y será una “ley marco” que dará facultades a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para hacer acercamientos y negociaciones con grupos ilegales sin fines políticos.

“La ley marco lo que va a permitir es la política de sometimiento colectivo (…) Esa ley está en un 70 % u 80 %; hay mucha gente trabajando, son alrededor de 10 personas, pero lo único que puedo decir es que está siendo liderada por el alto comisionado”, indicó Ávila en RCN Radio. 

En dicho proyecto se establecerían cambios en cuanto a los beneficios que se permitirán para quienes se acojan a este proceso judicial.

De acuerdo con la explicación previa, estos cambios se basarían en las buenas prácticas nacionales e internacionales, como las de la Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act (RICO).

El legislador de la Alianza Verde, actual colectividad de Gobierno, comentó que la segunda ley se estaría radicando en el segundo semestre del 2023 y en ella se contendría todo lo relacionado con las penas y los beneficios judiciales para los miembros de las estructuras que decidan desmovilizarse y entregar las armas.

Para ello, se plantean “procedimientos de beneficios por colaboración eficaz, también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia, dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución”.

Agregó: “Lo que viene después es la aritmética de las penas a cambio de verdad y riqueza, que eso es producto de la negociación, por eso esa segunda ley no se va a presentar inicialmente”, añadió Ávila.

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