Las reformas política y a la justicia, y los proyectos anticorrupción hacen parte del paquete. A pesar del mensaje de urgencia a última hora, sectores políticos dudan de la voluntad del Ejecutivo sobre ciertas iniciativas.
Pese al retraso que llevan la mayoría de proyectos de la agenda legislativa del Gobierno, sobre todo las iniciativas anticorrupción, el Ejecutivo espera que se aprueben o concluyan al menos su primera vuelta antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.
Para la Casa de Nariño son claves las enmiendas constitucionales de las reformas política y a la justicia, que ya van ambas para su tercer debate en la comisión primera de la Cámara, pues fueron tramitadas de manera decidida por el Ejecutivo y, a pesar de dilaciones y cambios fundamentales sufridos en el camino, tienen los tiempos justos para su aval.
Dentro de la reforma política, además, quedó consignado el límite de tres periodos a los congresistas, que se había hundido días antes como el proyecto anticorrupción en la Comisión Primera de la Cámara.
Asimismo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aunque tarde para algunos, anunció esta semana la radicación de mensajes de urgencia para cuatro proyectos anticorrupción y tres iniciativas más. Y dijo que no les había dado urgencia antes porque estaban esperando el paso de los proyectos de acto legislativo como las reformas política y a la justicia.
Los cuatro proyectos anticorrupción que serán tramitados con prelación para que en un mes estén listos son el de rendición de cuentas, publicación de declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses y probidad administrativa.
Los otros articulados con el acelerador a fondo son: el que incluye los términos de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); la Ley de Financiamiento, el proyecto que incorpora cambios en el modelo de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Salud y el de probidad administrativa.
No obstante al ‘turbo’ que le puso la cartera política al paquete de proyectos, desde la Alianza Verde –que impulsó la consulta anticorrupción votada por más de 11 millones de ciudadanos en agosto pasado– le recriminan lo tardío de la carta del mensaje de urgencia.
El representante Mauricio Toro, de los verdes, criticó en EL HERALDO: “Desde que se radicaron las iniciativas notamos que ha habido una sistemática operación ‘tortuga’ para que estos proyectos se hundan en el camino, no se han atrevido a decir que no los quieren aprobar, sino que se han inventado artimañas”.
Agregó el legislador que en la bancada tras la Consulta “duramos un mes y medio pidiéndole al Gobierno que radicara la carta de trámite de urgencia y hasta el jueves se vino a radicar, así que creemos que a este mensaje de urgencia, con una Ley de Financiamiento en proceso, no hay velocidad que le sirva y estamos de cara al entierro de esas iniciativas”.
Reforma a la justicia
El proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que debe enfrentar ocho debates, cuatro antes de que acaben las sesiones ordinarias (16 de diciembre), va a la Cámara sin el punto central de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y sin incluir el Tribunal de Aforados.
Al respecto, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a EL HERALDO que “el texto que fue aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado es un texto que no contiene soluciones de fondo a la crisis de la justicia en Colombia, ni contiene elementos que permitan modificaciones de fondo a la estructura, ni tiene elementos necesarios para acercar la justicia a la gente y sobre todo en tiempos de posconflicto no busca garantizar la presencia de la justicia en el territorio nacional”.
Por eso, el excandidato presidencial advirtió: “Así como va, y viendo la falta de apoyo que tiene, es mejor que se le aplique la eutanasia y no dejarla que agonice lentamente. Que muera dignamente”.
En cambio, el senador cartagenero del gobiernista Centro Democrático, Fernando Araújo, consideró en diálogo con este diario que “nunca es fácil lograr una reforma a la justicia perfecta, eso necesita un consenso muy amplio y esta reforma a la justicia contiene elementos importantes, pero apenas está en dos debates y le faltan seis”.
Y frente a la negación de la eliminación de la Judicatura, admitió que ese es un tema “neurálgico de la reforma” que no fue aprobado en segundo debate. “Esperamos que el Congreso lo pueda retomar más adelante”.
Sin embargo, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal –que además es mayoría en la cámara baja–, no ve con buenos ojos el articulado: “Ese esperpento va a tener muy pronto fin y especialmente los planteamientos iniciales de la ministra. (…) Ojalá no llegue con la deforma que traía la ministra, y esperamos en la Cámara tener la oportunidad de oír a las cortes y vamos a hacer un foro nacional a la justicia”.
Reforma política
En similares circunstancias se encuentra la reforma política, que va a la célula legislativa de asuntos constitucionales en la Cámara para su tercer debate.
El recinto del Senado dejó el proyecto de acto legislativo con listas cerradas paritarias desde 2019, y con la posibilidad de que el Congreso decida sobre el 20% del Presupuesto de Inversión.
La representante atlanticense de Cambio Radical, Karina Rojano, le dijo a EL HERALDO que “la reforma política, al final del camino, pasará en el Congreso, con la lista cerrada, financiación estatal de campañas y democratización interna de los partidos. Esos son puntos vitales para oxigenar la política”.
Asimismo, opinó la parlamentaria que “la paridad en la lista, 50% hombres y 50% mujeres, y la alternancia de un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, son reivindicaciones importantes para la lucha de la mujer por garantizar su participación en la sociedad y, particularmente, en el Estado”.
De igual modo, la senadora sucreña del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, destacó del articulado tres asuntos: “Primero, la lista cerrada, que es un mecanismo para que se fortalezcan las bancadas y la democracia, se evitan microempresas electorales y la individualización de la política; segundo, la participación de la mujer; y tercero, el hecho de que haya una responsabilidad directa de los directivos de los partidos en la escogencia de candidatos que lleguen a tener cuestionamientos y condenas”.
Acerca de cómo ve el apretado trámite del proyecto, señaló la legisladora gobiernista: “Aspiramos que para el mes de junio esté lista, para que entre a regir en 2019; apretados los tiempos, pero si hay decisión y logramos los consensos se puede sacar adelante”.
Los proyectos anticorrupción
El proyecto de acto legislativo de imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública reúne iniciativas de la Fiscalía, el Gobierno y parlamentarias. Por ejemplo, se agrupan aquí el de inhabilidades para condenados por corrupción y el de la cárcel para los corruptos. Va ahora a la plenaria del Senado y tiene un acuerdo entre los ponentes.
A su vez, la iniciativa de los pliegos tipo para buscar transparencia en la contratación fue aprobada en comisión primera del Senado y le restan tres debates más.
Entre tanto, el levantamiento de la reserva de declaración de renta se aprobó en plenaria de Cámara, pero con la modificación de que solo se harán públicas para los organismos de control penales, disciplinarios y fiscales, cuando estos lo exijan.
También, el proyecto de probidad administrativa, que está siendo liderado por el procurador.
En cambio, el de la reducción de salarios de los congresistas se hundió en la Comisión Primera de la Cámara porque todos los representantes se declararon impedidos, menos Juanita Goebertus, de la Alianza Verde. Por eso, la ministra del Interior convocará la mesa técnica anticorrupción –surgida del pacto entre el Gobierno y las bancadas tras la consulta Anticorrupción votada por más 11 millones de ciudadanos– e intentarán de nuevo el año entrante.
Sin embargo, el de la audiencia de presupuesto, la Comisión Primera lo devolvió a las comisiones cuartas, que son las que conocen del proyecto de la renta pública, y por ello esta iniciativa quedó para 2019.
Son, en total, 15 proyectos anticorrupción –seis del Gobierno, uno de la Fiscalía, otro de la Procuraduría y el Ejecutivo y siete más de la mesa técnica anticorrupción–, y varios han sido agrupados en otros proyectos, como el de los tres periodos para los congresistas, que quedó en la reforma política, y los tres que engloba el de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Por ahora, ya están definidos los ponentes de los proyectos anticorrupción con mensaje de urgencia: en el de la obligatoriedad de la presentación de la rendición de cuentas por parte de los congresistas, el ponente será el senador uribista Santiago Valencia; en el de levantamiento de la reserva de la rendición de cuentas y bienes, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde; en el del conflicto de intereses, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático; y en el de probidad administrativa, el senador Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador.
Tras lo anterior, el presidente Iván Duque estaría examinando con los presidentes de ambas cámaras la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, tras el 16 de diciembre, para poder evacuar toda la agenda que se quedaría en el tintero.
