Nadie sabe en qué parará la telaraña de sobornos y coimas tejida por la multinacional brasileña Odebrecth en Colombia. Ni siquiera las propias autoridades tienen claro hasta dónde llegan los tentáculos de esta red mafiosa, que habría incursionado hasta el despacho del ex candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, pero también habría untado las manos de Roberto Prieto, ex gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014 y uno de sus mejores amigos.
La magnitud del escándalo y la relevancia política de los implicados tiene al país conmocionado. Todos los funcionarios y exfuncionarios mencionados hasta ahora viven las horas más amargas, pues la sola mención de sus nombres los lleva a figurar en la lista de ‘culpables’ de haber recibido multimillonarios sobornos, hasta que no demuestren lo contrario.
La lista de quienes se declararon culpables y negocian con la Fiscalía los beneficios que recibirán a cambio de colaborar para desenredar la madeja de corrupción que tejió Odebrecht la encabeza el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, y el ex senador liberal Otto Bula.
El primero de ellos –ex viceministro de Andrés Uriel Gallego (fallecido)– reconoció ante un juez que recibió sobornos por 6.5 millones de dólares por haberle adjudicado a Odebrecht en 2009 la construcción del tramo II de la Ruta del Sol. Y Bula, por su parte, admitió que entregó a Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto –y con el conocimiento de este, como gerente de la campaña reeleccionista de Santos en 2014– la suma de un millón de dólares en efectivo.
En la lista de los ‘señalados’ figuran –entre otros– los nombres de la ex ministra de Transporte Cecilia Álvarez, y el de su pareja, la ex ministra de Educación Gina Parody. También los del ex candidato y actual precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, y el ex gerente de la campaña de Santos en 2014 Roberto Prieto.
Los dineros de Odebrecht habrían llegado a la campaña de Zuluaga en 2014 a través de su asesor político, Duda Mendonça, quien –a su vez– recibió parte del pago directamente de la multinacional brasileña, tal y como lo informó a la revista Veja, de Brasil. Zuluaga negó esas afirmaciones y alegó su plena inocencia en los hechos.
Pero el caso más impactante de todo lo sucedido con Odebrecht en Colombia es el que tiene que ver con el supuesto ingreso de un millón de dólares a la campaña presidencial de Santos en 2014. Y ello es así no solo por la relevancia de los implicados, sino por la forma como la noticia fue presentada ante la opinión pública por el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fundamentó su presentación inicial ante los medios de comunicación en el testimonio de uno de los implicados.
En ambos casos –Zuluaga y Prieto– la Fiscalía dio traslado de la investigación al Consejo Nacional Electoral (CNE), pues se trata del organismo encargado de investigar y sancionar las campañas políticas, en caso de que incurran en la violación de los llamados topes electorales. En palabras del fiscal Martínez Neira, esa es una investigación administrativa y disciplinaria.
No obstante, aseveró que la Fiscalía continuará con las investigaciones en las otras esferas, entre ellas la penal, pues –según ex funcionarios de Odebrecht presos en Brasil– en Colombia fueron repartidos 11 millones de dólares en sobornos para que la multinacional fuera beneficiada con multimillonarios contratos, entre ellos la llamada Ruta del Sol II y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
En lo que tiene que ver con las exministras Álvarez y Parody –las otras ‘señaladas’– su enredo tiene que ver con un otrosí que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le entregó a Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. La obra –que hace parte de la llamada Ruta del Sol– beneficia a miembros de la familia Parody –entre ellos un hermano de la exministra–, quien figura como accionista de uno de los puertos. Las acusaciones provienen de miembros del Centro Democrático.
La exministra Álvarez –de acuerdo con informaciones documentales, dadas a conocer por medios de comunicación– antes de ocupar la cartera de Transporte integró la junta directiva de Cartagena II. S.A., que dio origen a la que posteriormente se benefició con la concesión del puerto. Y como ministra firmó dos documentos que guardan estrecha relación con la carretera, que son el Conpes y la resolución que autorizaba los peajes. Álvarez ha sido citada, tanto por la Procuraduría General como por la Fiscalía, para que presente sus descargos y rinda su versión de los hechos.
El otro asunto que también compromete a funcionarios del gobierno de Santos con Odebrecht es el préstamo en diciembre de 2015, y sin el cumplimiento de los requisitos legales, de 120.000 millones de pesos a la multinacional brasileña, como lo denunció el senador Jorge Enrique Robledo.
Dicho préstamo se realizó con condiciones favorables a Odebrecht y luego de que la Superintendencia de Sociedades la declarara insolvente. El crédito fue desembolsado al consorcio Navelena SAS, integrado por Odebrecht, con un 86 por ciento, y Valorcon, dueño del 14 por ciento restante. Los recursos fueron destinados para obras que permitan recuperar la navegabilidad del río Magdalena, contrato adjudicado en 2014, cuyo monto asciende a 2.5 billones de pesos.
¿Quiénes se salvan y quiénes se condenan por cuenta del mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país?
