Con el retiro ayer de la Corte Suprema, de la discusión del proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, son dos los altos tribunales que no le apuestan a lo aprobado hasta ahora en el Congreso de la República.
A finales de noviembre, el Consejo de Estado decidió no seguir ni impulsando ni avalando el proyecto por considerar que no da soluciones a los problemas de la rama judicial y que por el contrario le resta autonomía. Ayer los Magistrados de la Corte en sala plena decidieron marginarse de las discusiones de la reforma argumentando que 'la propuesta de reforma de la justicia, tal como está, ni reforma a la justicia ni le sirve a la justicia'.
El punto que colmó la copa tiene que ver con la aprobación del articulado en el que se le quitan a las altas cortes, la función de nominación de los candidatos a Contralor, Procurador y Registrador, responsabilidad que hoy día ostentan y que sería asumida por el Congreso y el Presidente.
También causó malestar la segunda instancia que se le otorga a los congresistas en caso de procesos judiciales. Según el representante del Polo, Germán Navas Talero, este punto en particular, se daba para los congresistas 'librarse de su juez natural', la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, calificó de grave este nuevo escenario puesto 'el proyecto va perdiendo consensos y amigos', lo que le va restando además credibilidad a la iniciativa.
Mientras que el vicepresidente del Senado, Antonio Guerra De la Espriella, pidió a las cortes replantear su posición pues lo que se quiere es lograr un consenso en torno a las modificaciones.
Mientras que otros congresistas han criticado la actitud de los magistrados.
Lo grave de este asunto es que el proyecto tiene que ser aprobado máximo el 16 de diciembre en la plenaria de la Cámara de Representantes, o de lo contrario se hunde.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que espera que en esta época de receso navideño y de vacancia legislativa se puedan nuevamente 'incorporar' a la discusión los magistrados de una y otra Corte.
Pero el Gobierno no la tiene fácil, porque en su momento, los notarios también se declararon en contra, porque se les adjudican funciones judiciales.
Y el procurador, Alejandro Ordóñez, recomendó al Gobierno retirar la iniciativa.
Algunos congresistas admiten que la Reforma no ha sido del agrado de quienes imparten justicia desde que se presentó la propuesta, y que el Gobierno puede a última hora, verse obligado a retirar el proyecto, como ya ocurrió con la Reforma a la Educación.
Por Redacción Política
