El alcalde electo de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, le pidió por oficio al ejecutivo Distrital, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, abstenerse de modificar por segunda vez la Ley 550. Dijo que la deuda de 177 mil millones de pesos con la que recibiría la ciudad pondría en riesgo el futuro de la misma.
'Esta situación afectaría la materialización del programa de Gobierno', le dice en la misiva. En rueda de prensa Caicedo dio a conocer ayer detalles de este aspecto que le preocupa y que pudo conocer durante el trabajo de empalme que se lleva a cabo desde hace semana y media. Asimismo hizo oficial la carta que le envió a Díaz Granados en la que le hace la cordial solicitud.
En diez puntos el Alcalde electo le hizo un recuento a Díaz Granados Pinedo del panorama fiscal que recibió en el año 2008 y en donde se da cuenta que a corte del 31 de diciembre de 2007 existía una deuda de 67 mil millones de pesos, y un déficit del sector salud de 43 mil millones.
Indicó que dichas deudas se incorporaron en la primera modificación del acuerdo sumado a otros pasivos, como el crédito de saneamiento para financiar la restructuración administrativa y liquidación de entidades descentralizadas por 12 mil millones de pesos, más los pasivos contingentes que se fueron cancelando en la medida que fueron causados.
Además, otros pasivos incorporados al acuerdo como los procedentes de fallos judiciales por valor de 35 mil millones, entre los que se destaca el del mercado público.
No renegociar. Comentó que Juan Pablo Díaz Granados le entregará un saldo de 48 mil millones de pesos procedentes de lo insoluto del acuerdo de restructuración y su primera modificación, más 127 mil millones de pesos que aspira incorporar en el presente mes de diciembre, pese a que la Administración lo pudo haberlo incorporado durante el período de 2010 y 2011 y no faltándole poco tiempo para concluir su mandato.
'En nuestra apreciación una administración que termina en menos de un mes no debería renegociar un acuerdo de esta importancia que por su complejidad y magnitud debe ser responsabilidad de la Administración entrante', precisa Caicedo.
Y plantea que 'las consecuencias de su decisión, las asumiría él en la administración que inicia en enero de 2012'.
La misiva fue enviada a la Contralora General de la República, al Procurador de la Nación, al Auditor General de la República y al Ministerio de Hacienda – DAF, entre otros despachos.
EL HERALDO fue enterado que hoy, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, responderá en rueda de prensa.
Santa Marta
