El Heraldo
Opinión

La majestad de la Justicia

El país reaccionó justificadamente contra la reelección del secretario general del Senado de la República, el cordobés Emilio Otero Dajud, no solo por el costo económico que demandaba, sino, sobre todo, por el costo moral que su eternización en el cargo significaba. La prensa, impulsada por las redes sociales, demostró que Otero estuvo y ha estado vinculado a todos los escándalos de la Corporación Legislativa y que había tejido redes de poder intolerables.

Cierto o no, todo lo que se ha dicho, escrito y publicado contra Otero o de Otero, lo saludable para el restablecimiento moral de la República es que el tema haya saltado a la palestra pública y que se haya presionado al Congreso al punto de obligarlo al aplazamiento de la elección de su Secretario General ante el retiro de la candidatura del hasta ahora ungido.

No obstante ello, sorprende que así como el país se escandalizó con la probable reelección de Otero y con su eventual ejercicio de una bien tejida red de poderes cruzados, no haya hecho lo propio frente a noticias similares, o incluso más graves, que provienen de las llamadas altas cortes, especialmente de la Corte Suprema de Justicia.

En la sección de confidenciales de un conocido noticiero de televisión se informó de la intención del exmagistrado Camilo Tarquino y del todavía magistrado de esa misma Corporación, Francisco Ricaurte, de aspirar ahora a ocupar la vacante que dejó desde el mes de junio en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el magistrado Francisco Escobar Henríquez.

La situación que viene presentándose en la Corte es grave para la salud de la República y para la imagen de la Justicia, ya de por sí suficientemente maltrecha. La creación de una red de favores cruzados entre las altas cortes, cuyo único propósito es favorecer  posiciones personales de poder burocrático en propia cabeza de los magistrados o en la de sus familiares es no solo inmoral, sino peligrosa, pues crea una sólida rosca que impide la evolución de la jurisprudencia y politiza, en la peor acepción del término, unos cargos que deben ser la esencia misma del ejercicio democrático.

Los ejemplos son tan numerosos que, más que una coincidencia, son una política generalizada y lamentablemente establecida: Jezael Giraldo Castaño, que fue magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde 2004 hasta 2012, fue incluido en lista por sus excompañeros para que sea elegido en la Sala Civil de la Corte por aquellos que él mismo enlistó para ser Magistrados de la Corporación que ahora lo elegirá.

Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, aspiran a que los elijan en el Consejo Superior de la Judicatura, aunque este último lo negó recientemente. Es, obviamente, una forma descarada de obtener la prórroga del período por el que hicieron lobby ante el Congreso y de cobrarle, de paso, a sus compañeros de la Corte Suprema el voto que depositaron por ellos para elegirlos como tales.

En ese, yo te elijo, tú me eliges, se van creando grupos de poder cada vez más endogámicos y más cerrados, en los que prima la solidaridad de cuerpo por encima de la calidad jurídica, la complicidad en lugar de la crítica y, principalmente, la mediocridad que se cubre y encubre mutuamente.

Pero, el tema es peor, cuando se revisa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y se encuentra el artículo 53, que específicamente prohíbe ese tipo de comportamientos:

“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales, los Jueces y los Fiscales no podrán nombrar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán nombrar a personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos competentes que hayan intervenido en su postulación o asignación”.

Lo vergonzoso es que la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo templo de la juridicidad nacional, como cualquier inspector de policía, interpreta que los magistrados no nombran sino que eligen, y que la prohibición es respecto de los parientes de quienes participaron en su postulación (Consejo Superior) o su designación (cada Corte, respectivamente) pero no de quienes los designaron o postularon.

Y, claro, todos nos quejamos y le hacemos escándalo al cordobés Emilio Otero, pero nadie se da cuenta de que entre la Corte Suprema, el Consejo Superior, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura suman más de “setenta emilios oteros”. Con un agravante, por mucho poder que tuviera Otero, no tenía el de meter a nadie a la cárcel o el de decidir una indemnización millonaria, o el de disponer quiénes, dónde y cuándo pueden ser jueces de la República o magistrados de tribunal o alta corte.

Es tarea urgente recuperar la moralidad de las altas cortes para que su única y más importante tarea sea hacer jurisprudencia, para que su poder dependa de su majestad jurídica y no de su capacidad burocrática. A la hora de abordar una nueva Reforma Judicial esos son los verdaderos temas que, creemos, deberían ser objeto de análisis y debate nacional.

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