Protestas contra las ejecuciones extrajudiciales.Ante la Corte Constitucional fue demandada ayer por un grupo de parlamentarios y dos ONG la reforma al fuero penal militar aprobada en el Congreso de la República y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre pasado.
El grupo de demandantes, compuesto por Iván Cepeda, Germán Navas y Gloria Ramírez, del Polo Democrático; Ángela María Robledo, del Partido Verde, y Guillermo Rivera, del Partido Liberal, así como por los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, y las ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas, señaló en un comunicado que “esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y pone (a Colombia) en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”.
Advirtieron que esta es “la primera de varias demandas que se radicarán” contra la nueva justicia penal militar, que se hará cargo de las infracciones que miembros de la fuerza pública cometan en actos de servicio al violar el DIH.
Estas infracciones pueden ser, entre otras, un uso desproporcionado de la fuerza en relación al objetivo militar, un mal diseño de un operativo en una zona en la que se ponga en riesgo a la sociedad civil o un trato inhumano hacia personas ajenas al conflicto.
Los demandantes identificaron como “un riesgo para un país en guerra” poner en manos de los uniformados la capacidad de administrar justicia sobre sus propios delitos.
Además, alegan que “existieron vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y que se violó el principio de unidad de materia”.
El grupo consideró que cuando se aprobó esta reforma, se “hizo caso omiso a las cifras sobre impunidad, que son del 98% en los casos de falsos positivos, entre otros delitos de agentes del Estado”.
Finalmente, advirtieron que se desatendieron las recomendaciones hechas al respecto por la CPI, ONU, OEA y Human Rights Watch. TB
