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Economía

Supersociedades ordenó liquidación judicial de Vanylon

Archivo"La fábrica de hilazas, ubicada en la ciudad de Barranquilla, había suspendido operaciones meses atrás.

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la fabrica de hilazas Vanylon S.A., que acumula pasivos por más $78 mil 859 millones.

“La empresa que estaba en concordato desde el año 95, no pudo continuar con el pago de sus obligaciones eso llevó a que la Superintendencia decretara su liquidación judicial”, dijo ayer Héctor José Piedrahita Medina, quien fue nombrado por la entidad de control como agente liquidador de la empresa y se encuentra a la espera de ser ratificado esta misma semana.

La liquidación fue ordenada por auto proferido de la superintendente delegada para Procedimientos Mercantiles de la Supersociedades, Ángela María Echeverri Ramírez. Allí se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes de Vanylon.

Por su parte, el agente liquidador entrará a elaborar en un término de 30 días un inventario de los activos para saber con qué se cuenta y proceder a su avalúo, explicó Piedrahita.

Según la orden, se prohíbe a los administradores, asociados y contratantes, disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de este acto.

La Superintendencia señala en el auto en el que ordena la liquidación de Vanylon, que el representante legal de la empresa antes de la liquidación solicitó autorización el pasado 9 de noviembre para enajenar unos activos con el fin de obtener liquidez y pagar la suma de 10 mil 513 millones de pesos, que eran apenas una parte de los gastos de administración adeudados.

Sin embargo, según el informe de una visita, de acuerdo con el auto de liquidación: “con corte de 31 de agosto del presente año, la empresa registraba obligaciones post concordatarias por la suma de 68 mil 32 millones de pesos”.

Sobre este hecho, la Superintendencia consideró que no era viable dar curso a la solicitud del representante legal, como quiera que la fórmula de arreglo propuesta no tiene cobertura y alcance razonable, frente a la costosa cifra a la que asciende el pasivo post concordatario incumplido.
 

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