Compartir:

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Felipe García y Yolima Carrillo, dijeron que las investigaciones por publicidad política extemporánea en Cartagena continúan. Aseguraron que este tribunal investiga 215 casos de todo el país.

La magistrada Carrillo indicó que de Cartagena hay varios casos, entre ellos el del exconcejal Antonio Quinto Guerra y el exparlamentario William García Tirado.

Agregó que contra estos hay procesos de investigación preliminar. Desde finales del año pasado en la ciudad se incrementaron los mensajes velados de futuros candidatos tanto a Gobernación como a Alcaldía.

El caso de Quinto Guerra generó controversias. El dirigente político dijo que una invasión de avisos en autos que hacían referencia indirecta al nombre por el que se le conoce (‘Quintonízate’), no eran para promocionar sus aspiraciones a la Alcaldía, como ya lo acaba de oficializar su partido el Conservador, sino a un equipo de sóftbol que patrocina.

El caso de García Tirado es que aparecieron disfrazadas promociones políticas en las calles con su nombre dando a entender sus aspiraciones a la Gobernación. Sin embargo, meses después trascendió que el ex Representante a la Cámara presentará su nombre a la Alcaldía de Cartagena.

Los magistrados resaltaron que la Alcaldía de la ciudad ha contribuido en el retiro de publicidad con carácter político de paredes y vehículos. Agregaron que de comprobarse que infringieron la norma pagarán multas que van de los $12 a $110 millones.

El magistrado García dijo que la meta es que las de octubre sean las elecciones más transparentes de la historia. Otra irregularidad a la que pondrán especial vigilancia es el de la trashumancia electoral, delito del que dijo 'es perverso' porque impide la decisión libre de elección de los ciudadanos para entregar el poder a organizaciones criminales.

Añadió que estas prácticas ilegales se suelen utilizar para favorecer a candidatos de bandas de narcotraficantes, de lavados de activos o dedicadas a la minería ilegal, que buscan apoderarse de los recursos públicos de los municipios.