Caso Pretelt, las fichas de un escándalo que crece sin parar

Denuncia de corrupción devela tejemanejes de la Corte Constitucional
El magistrado Jorge Pretelt, el denunciado.
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Denuncia de corrupción devela tejemanejes de la Corte Constitucional

El magistrado Jorge Pretelt es monteriano y uribista. Se graduó de abogado en la Universidad del Rosario. Tiene una especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y presidente del Consejo Nacional Electoral.

Desde abril del 2009, cuando fue ternado por el expresidente Álvaro Uribe, es magistrado de la Corte Constitucional, y desde el 10 de febrero pasado es su presidente, aunque ha abandonado ese cargo por un mes. Hace parte del bloque conservador del alto tribunal. Fue uno de los dos votos a favor de la segunda reelección del hoy senador, quien es su amigo personal y vecino de finca.

Ya en 2005 el expresidente lo había ternado para fiscal general, pero el cargo se lo ganó Mario Iguarán. En el alto tribunal defensor de la Carta Magna se ha opuesto a temas como el matrimonio y la adopción para parejas gais. El exmagistrado Nilson Pinilla lo había señalado hace un par de años y en varias oportunidades de insistir en la selección de varias tutelas, en oposición a sus compañeros de sala.

Es el señalado de pedir sobornos a Fidupetrol por 500 millones de pesos para incidir en un fallo de tutela. Además, aparece como dueño de un predio de 243 hectáreas, pero que corresponde, en realidad, a cinco fincas ubicadas en las localidades de San Pedro de Urabá y Arboletes, Antioquia. Y tres de esas fincas son reclamadas por las víctimas desplazadas.

Mauricio González: el denunciante.  Igual que Pretelt, es abogado de la Universidad del Rosario y es uribista. Se especializó en Economía en la Universidad de los Andes. Fue secretario jurídico de la Presidencia y viceministro del Interior y de Justicia.

Ejerce como magistrado de la Corte Constitucional desde octubre 2007, y de febrero de 2010 a febrero de 2011 fue su presidente. Aunque hace parte del bloque conservador, casi que milita en ambos bandos. Fue el otro voto que respaldó la fallida segunda reelección del parlamentario del Centro Democrático. Interpuso en la Comisión de Acusaciones la denuncia que levantó todo el escándalo.

Le critican haberse demorado en interponerla, ya que conoció los hechos a principios de febrero y solo actuó hasta finales de ese mes, cuando la prensa estaba encima de la información. Votó en blanco por Pretelt en la elección de presidente de la Corte, porque sabía del escándalo. Fue el ponente de la tutela en cuestión.

Víctor Pacheco: el lobista. El abogado barranquillero Víctor Pacheco Restrepo presidió la Liga de Ciclismo del Atlántico en los ochentas. Ha sido abogado de numerosas empresas del país y de la capital del Atlántico.

Según sus colegas, es uno de los abogados con "más contactos en el país y con muchas amistades en las altas cortes". Su especialidad es el derecho civil. Sus principales clientes son las empresas petroleras, entre ellas, figuran además de Fidupetrol,  la estatal Ecopetrol.

En los registros de la Corte se da cuenta de que visitó unas 40 veces el Palacio de Justicia, donde se vio con los magistrados Marta Teresa Briceño, Susana Buitrago, Ólga Mélida Valle, Enrique Gil y Berta Ramírez (Consejo de Estado); Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas -que fueron los que seleccionaron para su estudio la tutela en cuestión-; y Jorge Pretelt y Gabriel Mendoza Martelo (Corte Constitucional); y Édgar Carlos Sanabria y Wilson Ruíz (Consejo Superior de la Judicatura).

Es el señalado lobista a quien le pedirían el soborno y salió del país esta semana, tras comparecer en la Fiscalía y la Cámara.

Rodrigo Escobar: el asesor. Es exmagistrado de la Corte Constitucional, y está señalado de haber sido intermediario en el supuesto pago del soborno que habría pedido Pretelt a Pacheco. Emitió conceptos jurídicos para Fidupetrol y le pagaron 200 millones de pesos, pero el columnista Daniel Coronell denunció que el contrato de Escobar incluía una prima de éxito por otros 200 millones de pesos si el fallo de la Constitucional favorecía el recurso de amparo.

Y en el audio filtrado se entendería que a través de él le llegaría la plata a Pretelt. Así mismo, la periodista María Isabel Rueda le hizo una entrevista en la que negó haber sido abogado de Fidupetrol y también negó haberse reunido con Pretelt, aunque lo señalan de haber asistido con el monteriano y con González a un restaurante de la zona G de Bogotá, precisamente, a tratar el asunto de la acción constitucional.

En el audio filtrado se le menciona como supuesto mediador del pago del soborno, ya que sería el encargado de ganarse la confianza del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien junto a González y el barranquillero Gabriel Mendoza eran los encargados de estudiar la tutela. La Fiscalía lo citó a interrogatorio.

Luis Guillermo Guerrero: el voto. Magistrado de la Corte Constitucional desde septiembre de 2012. Es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socieconómicas de la misma universidad. Fue antes magistrado auxiliar de la Corte y del Consejo Superior de la Judicatura. También fue asesor jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros y de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Contrario a lo que se le escucha decir a Pacheco, acerca de las gestiones para persuadirlo de votar a favor de Fidupetrol, afirmó el togado que él es el dueño de su voto. Desmintió ser una 'ficha' de Escobar, quien debía aparentemente convencerlo de votar. Su magistrada auxiliar es Claudia Escobar, familia del exmagistrado y admitió que Escobar lo ayudó para su elección como togado "con contactos con senadores de la U y de Cambio Radical".

Y sobre la tutela dijo que no la conoció y que en la decisión estaba en Corea en una comisión. Es conservador y votó a favor de Pretelt para presidente de la corporación.

Luis Fernando Pretelt: el hermano. Es el hermano del magistrado Pretelt y es señalado de haber servido de supuesto mediador en el pago del soborno. Por eso, la Fiscalía lo llamó a interrogatorio la próxima semana. Este arquitecto mueve en altos círculos sociales de Bogotá y Montería.

Es fanático de los caballos y de los gallos (tendría uno que costaría alrededor de 100 millones de pesos). En las redes sociales se pueden ver fotos de las elegantes casas y casas fincas que ha diseñado.

El ente investigador intenta averiguar si en una de estas fincas se habría producido algunas de las reuniones del aparente soborno.

Guillermo Caballero Lozano: presidente de Fidupetrol. Fue el presidente de Fidupetrol durante siete meses. Afirma no saber nada del supuesto soborno de Pretelt a Pacheco, a quien contrató como abogado de la fiduciaria por 100 millones de pesos, a los que se les sumarían 400 millones si la tutela era fallada a favor.

Asegura además que ningún directivo de la firma tuvo contactos con magistrados. Se reunió con Pacheco, dice, unas tres veces, pero el abogado, afirma, nunca le comentó de ofrecimientos de dinero. La Fiscalía lo citó a interrogatorio.

María Victoria Calle: el voto a favor. Es magistrada de la Corte desde abril de 2009 y su vicepresidenta desde la misma elección de Pretelt en febrero pasado. Ahora ejerce, hace una semana, como presidenta encargada. Es abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado, y máster en Derecho Administrativo de esa misma universidad.

Ha sido vicepresidenta jurídica de La Previsora S.A. Compañía de Seguros y secretaria jurídica del Departamento de Risaralda. Es liberal y no se lleva bien con su copartidario Luis Ernesto Vargas, quien quiere liderar la 'bancada' roja. Votó a favor de Pretelt para presidir la corporación, aunque sabía del escándalo.

Luis Ernesto Vargas: el voto en contra. Es togado de la Corte desde marzo de 2009. Es doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre, especializado en derecho de familia de la misma universidad. Ha trabajado en la judicatura colombiana durante 34 años: fue magistrado en encargo del Tribunal Superior de Bogotá y en propiedad del Tribunal Superior de Cundinamarca. Es liberal y votó negativamente en la elección de Pretelt. Sabía del escándalo.

Es señalado por el cordobés Abelardo de la Espriella, defensor de Pretel, como uno de los togados, junto a Jorge Iván Palacio y el exmagistrado Nilson Pinilla, que habrían orquestado un supuesto complot contra su representado por su orientación política conservadora y sus votos en este sentido frente a temas polémicos como el matrimonio y la adopción para parejas gais.

Jorge Iván Palacio: uno de los que sabía. Es magistrado de la Constitucional desde marzo de 2009. Es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Fue togado de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Medellín. Es miembro de la Comisión de Ética de la FIFA. Es liberal y votó en blanco en la elección de Pretelt. Sabía del escándalo. Es señalado por De la Espriella como uno de los supuestos artífices del aparente complot contra Pretelt.

Gabriel Mendoza Martelo: el voto en blanco. Barranquillero. Es magistrado de la Corte desde febrero de 2009. Abogado de la Universidad del Atlántico con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado.

Fue juez en Barranquilla magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, magistrado del Consejo de Estado y procurador delegado ante el Consejo de Estado. Ha sido profesor en la Universidad del Norte y la Universidad Libre, entre otras.

Es conservador, sabía del escándalo y votó en blanco por Pretelt. Era uno de los togados que debía estudiar la tutela. Pretelt lo señala de ser amigo de Pacheco, quien habría patrocinado un evento de la Corte en 2012, cuando Mendoza era el presidente de la corporación.

Nilson Pinilla: el otro denunciante. Fue magistrado de la Corte hasta el año pasado. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Nacional. Fue asesor jurídico del Banco de la República y magistrado de la Corte Suprema. Desde que era togado hizo denuncias contra Pretelt por su aparente interés en seleccionar tutelas en contravía de los demás colegas de sala.

Dio declaraciones al respecto en la Fiscalía y dijo a los medios que temía por su vida tras denunciar al cordobés. De la Espriella, no obstante, lo señala como uno de los del supuesto complot contra Pretelt y de haber tenido interés en que se mantuvieran las megapensiones de los magistrados y congresistas, prebenda que tumbó el monteriano como ponente.

 

 

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