Juzgar y sancionar a todo aquel que haya tenido responsabilidad en el conflicto armado es la premisa del Gobierno en lo respecta a la aplicación de justicia en el marco de un acuerdo de paz con las Farc, una decisión que no deja exentos a los civiles que, con ocasión del conflicto vivido en el país, hayan cometido delitos.
Así lo dio a conocer este martes el Gobierno colombiano tras anunciar que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, investigará y sancionará a los civiles que de manera consciente y sin ningún tipo de presión 'hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos'.
En un comunicado de la Presidencia, 'el Gobierno reconoce que quienes fueron obligados a colaborar material o económicamente en el conflicto tienen la condición de víctimas y, por consiguiente, sus comportamientos no serán objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz. El tribunal se concentrará en aquellos que no hayan sido obligados'.
