Más dudas que certezas ha dejado la anunciada transición en el servicio de elaboración de los pasaportes en el país, en medio de la cual, por disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro la firma británica Thomas Greg & Sons debe salir del contrato debido a la hegemonía y la nula competencia que ha tenido sobre este desde 2007.
Esto porque esta semana se volvió a anunciar que la compañía el próximo 1 de septiembre –cuando termina el segundo encargo temporal para Thomas Greg desde 2023– volverá a mantener transitoriamente la elaboración de los documentos debido a que aún no está listo el paso de la prestación del servicio a cargo del Estado.
Así lo confirmó el pasado martes la Cancillería, pero además en medio de un preocupante rifirrafe entre el exministro Luis Gilberto Murillo y la actual jefa de la cartera, Laura Sarabia, que se culpan mutuamente de lo sucedido.
Murillo dice que cuando salió en enero pasado dejó listo un acuerdo de cooperación con Portugal para construir una imprenta y garantizar la transferencia paulatina de tecnología a Colombia, que Portugal avaló el acuerdo en enero y mandó una delegación a Bogotá en marzo para firmar el convenio y que el nuevo equipo de la Cancillería no decidió.
Sarabia, por su parte, respondió que si todo estaba listo, como afirma el ahora candidato presidencial, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña.
Lo que se resolvió por ahora, en medio de este intercambio de señalamientos, es que se declarará la urgencia manifiesta en los próximos días para permitir que la firma británica se encargue por 11 meses más, mientras que la Imprenta Nacional tendrá un año para adquirir las capacidades técnicas que le permitan hacerse cargo del proceso a partir de septiembre del año entrante. Según la emisora Caracol Radio, el acuerdo durará 10 años y será firmado por $3,2 billones.
Toda esta pelea comenzó en mayo de 2023, cuando varias compañías extranjeras, como la alemana Veridos y la francesa IN Groupe, se retiraron del proceso tras denunciar que los pliegos estaban amañados a favor de Thomas, ya que los documentos del proceso, definidos por la Cancillería, daban prioridad a quien tuviera una planta de producción en Bogotá, como la que tiene la compañía británica. Por ello, el entonces canciller, Álvaro Leyva –suspendido por la Procuraduría por este asunto–, declaró desierta la licitación, pero prorrogó el contrato antiguo por un año, mientras que Thomas Greg demandó al Estado por $117 mil millones, y su sucesor, Murillo, prorrogó luego el convenio otro año más y alcanzó un acuerdo con la firma británica.
La Imprenta Nacional, entre tanto, no ha podido ni siquiera gestionar la expedición de las cédulas de extranjería, por lo que tuvo que subcontratar a una empresa mexicana, y el Gobierno buscó en agosto de 2024 un socio internacional y fue elegido Portugal.
Al respecto, José Antonio Salazar, ex secretario general de la Cancillería, le dijo a EL HERALDO que el excanciller Leyva declaró desierta la licitación “cuando había concluido el proceso y estaba con informe técnico para que se adjudicara al postor único habilitado por haber cumplido con todos los requerimientos técnicos. Con el mecanismo jurídico de la urgencia manifiesta contrató con los mismos proponentes por un año a un precio muy similar al de la oferta y ordenó adelantar un nuevo proceso licitatorio que estaba en la etapa previa de estudio de mercados con la participación de varias empresas nacionales y extranjeras interesadas”.
Agregó que suspendido Leyva por la Procuraduría fue encargado Murillo. “De inmediato suspendió el nuevo incipiente proceso de licitación y me devolvió las funciones que Leyva había asumido. Con esas facultades y con arreglo a la ley retorné las cosas a su normalidad jurídica adjudicando la licitación, terminando la urgencia manifiesta y dejando sin fundamento fáctico la demanda que había presentado Thomas Greg. Recordarán que por eso Petro me declaró insubsistente, calificándome de traidor”.
“Murillo revocó mis actuaciones y contrató de nuevo por un año más con la misma firma, también invocando urgencia manifiesta que ya no procedía porque había dejado pasar el tiempo para licitar de nuevo como consecuencia de haber suspendido la nueva licitación que le había dejado iniciada Leyva. Murillo siempre dijo que estaba en acuerdos con Portugal y con la Imprenta Nacional, pero no existe ninguna evidencia de que eso haya ocurrido y yo personalmente creo que de eso no haya avanzado nada. Cuando se venza en septiembre el segundo contrato de urgencia (el de Murillo), la ministra Sarabia tendrá que contratar de nuevo directamente con la misma compañía o no habrá pasaportes porque en Colombia no existe otro proveedor con la capacidad técnica y logística para atender el requerimiento”, expuso el exfuncionario.
Salazar, además, cuestionó: “¿Pero cómo podrá justificarse una nueva contratación directa, si ya no cabe la figura de la urgencia manifiesta que yo terminé con motivaciones jurídicas y el ministro Murillo revivió para poder volver a contratar después de que suspendió la licitación iniciada por Leyva. Personalmente no creo que Murillo hubiera llegado con Portugal a algún acuerdo, y en cuanto a la Imprenta Nacional esta no tiene ninguna capacidad técnica: es una empresa del Estado cuyo régimen de contratación corresponde al derecho privado y por eso acuden a ella para eludir el régimen de contratación mediante licitación pública”.
Y concluyó que “el presidente impone un veto a una empresa nacional con el sofisma de proteger la información y los datos de identificación de los colombianos que en ese caso serían entregados a un país o a una empresa extranjera”.
A su vez, la representante Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara, célula legislativa que conoce de los asuntos de la Cancillería, le dijo a EL HERALDO que “lo que ha ocurrido alrededor del tema de la elaboración de pasaportes en Colombia se enmarca en una deliberada improvisación. Han sido dos años de decisiones marcadas por órdenes y contraórdenes, y que hoy vuelve al punto de partida, prorrogar a Thomas Greg & Sons el contrato de la elaboración de los pasaportes, además por la razón que siempre ha sido latente: es la única empresa que cuenta con la experiencia, el conocimiento y garantiza la calidad de la elaboración del documento”.
Recordó en este sentido la legisladora que “este proceso ya ha dejado un secretario general de la Cancillería declarado insubsistente, un excanciller inhabilitado por la Procuraduría, otro excanciller que no pudo avanzar más allá de un acuerdo de entendimiento con Portugal, y ahora otro choque de órdenes entre Presidencia y Cancillería”.
Por ello, reportó Londoño, “desde la Comisión Segunda de la Cámara hemos hechos dos debates de control político en los cuáles la respuesta siempre es la misma: presentan ideas generales de lo que se quiere, cronogramas que no se cumplen y finalmente siempre llegan a la misma decisión: hacer la prórroga al actual contrato. En esta oportunidad por un año más”.
Además, advirtió que “no es la Imprenta Nacional el ente idóneo para la producción de pasaportes y la excusa de salvaguardar la información de los colombianos suena más a ideología que a argumento sólido para llegar a crear un problema en un proceso donde todo funcionaba bien”.
Y dijo que se ha venido solicitando desde marzo pasado la creación de una comisión accidental de seguimiento al proceso, pero hasta el momento dicha petición no se ha materializado.
Por su parte, el representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, ha dicho en sus redes sociales que “no es que Petro un día amaneció de malas pulgas contra Thomas Greg & Sons, Petro en realidad está pisando un callo muy grande, ya que la compañía es una cuestionada vaca sagrada de la contratación estatal que ha acumulado un poder omnímodo. Desde las elecciones de 2010 controla en los procesos electorales nacionales el papel, impresión de formularios, plumones con los que los electores marcan, software de conteo, computadores donde se cargan resultados, preconteo y escrutinio”.
Por lo que, cuestionó el parlamentario petrista, “¿cómo puede una empresa privada tener todo este poder? A ver, en un país donde se roban elecciones comprando desde jurados hasta registradurías enteras, en un país donde la compra de votos es deporte nacional y hay clanes mafiosos que literalmente compran elecciones, que una empresa privada, con un poder sin límite, que no tiene contrapesos, ni auditorías, tenga todo el poder de alterar los resultados de unas elecciones, ¿no les parece que es saludable ir restándoles poder al interior del Estado?”.
