La solicitud de investigación que hizo esta semana la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe por las chuzadas tiene varios argumentos: además de que los abogados de las víctimas pidieron esta pesquisa, los testigos, los ex funcionarios del DAS y la misma Fiscalía mencionan al expresidente en distintos episodios del denominado escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales.
En el fallo en contra de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno se dice que todo indica que el conducto regular que existió en la trama de las chuzadas, que desemboca en los detectives del DAS, pasa por la ex directora del ente de inteligencia y parte del ex secretario de Presidencia, tiene su punto de partida lógico en la silla presidencial de la casa de Nariño.
La Fiscalía, en los alegatos finales del juicio que culminó esta semana, concluyó que 'el aparato criminal del espionaje ilícito fue comandado desde Palacio por el hoy senador'.
La hipótesis de la Fiscalía. No obstante, pareciera no existir esa prueba reina que vincule directamente al exmandatario con toda esta empresa delincuencial que se montó en el extinto DAS, a pesar de las múltiples menciones que hicieron de su nombre exfuncionarios del ente de inteligencia estatal y las propias víctimas que vieron afectado su derecho a la intimidad.
De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema, en el fallo emitido, envía un fuerte mensaje sobre la responsabilidad política de Uribe en estos hechos al solicitar la investigación en su contra a la Comisión de Acusaciones.
Teoría de última hora. La Corte Suprema, no obstante, critica el hecho de que la Fiscalía en el pliego acusatorio, es decir, al inicio del juicio, 'no se dio cuenta de la ejecución de conductas ilícitas realizadas entre 2005 y 2009, supuestamente ordenadas por el expresidente Álvaro Uribe'.
El ente planteó este argumento en su alegato de cierre, lo que es calificado por el alto tribunal como una teoría de 'última hora'.
Espiar las fuentes. La primera mención que se hace del expresidente Uribe en la condena por las ‘chuzadas’ se halla en uno de los apartes en que se describe cómo fue 'el proceder criminal' de los ex DAS contra el periodista Daniel Coronell.
De acuerdo a la versión entregada por los exfuncionarios del DAS Martha Leal y Fabio Duarte Traslaviña, 'los seguimientos a Daniel Coronell no fueron fáciles de ejecutar por las medidas de autoprotección que él tenía implementadas, sin embargo, se emplearon detectives y una fachada para vigilar de cerca su residencia y movimientos'.
Según estas declaraciones, lo que querían los espías 'de tales seguimientos era identificar a las fuentes que le proveían información al periodista, reconocido por ser crítico de las políticas gubernamentales del presidente Uribe y de la conducta de personas cercanas al mandatario'.
También es directamente mencionado en dos de los cinco casos de ‘chuzadas’ a la Corte Suprema: Tasmania y el atentado en Neiva.
Yidis Medina. Destaca el tribunal la declaración del ex funcionario del DAS William Romero Sánchez, quien advirtió en el caso de Yidis Medina: 'para los meses de junio y julio de 2008 se estaba requiriendo en forma prioritaria información sobre Yidis Medina, incluso desde su infancia, con el fin de identificar sus debilidades, debido a que le estaba generando inconvenientes al entonces presidente Álvaro Uribe. Dichas indagaciones se realizaron tal y como lo acreditan los documentos de inteligencia contenidos en la evidencia (…)'.
Medina, según el alto tribunal, era blanco de las ‘chuzadas’ por haber confesado las dádivas que le ofrecieron en 2004 para apoyar en el Congreso la reelección de Uribe, y por las que ya fueron condenados los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio a pagar seis años de cárcel.
Piedad Córdoba y Gustavo Petro. La Subdirección de Contrainteligencia obtuvo ilegalmente información personal y familiar de los excongresistas a través de interceptación de correos, consultas de información financiera y datos entregados por sus propios esquemas de protección. Los siguieron, además, dentro y fuera del país.
Igualmente, Hurtado ordenó hacer seguimientos patrimoniales a Córdoba para determinar si recibía indebidamente auxilios de gobiernos extranjeros. La información financiera de la congresista fue entregada por la UIAF al DAS el 3 de junio de 2008, remitiendo extractos financieros de sus cuentas. También se interceptaron correos de amigos de la entonces líder liberal.
Medina y Coronell. El 20 de abril de 2008 se publicó el video en el que la excongresista reveló a Coronell los ofrecimientos de los que fue objeto por parte de algunos funcionarios del Gobierno, a cambio de su voto afirmativo para el proyecto de reelección presidencial. Pocos días después, el DAS propició una entrevista que concedió Jesús Villamizar, un fotógrafo de Barrancabermeja, en la que denunciaba supuestos nexos de la excongresista con el ELN.
A este fotógrafo Hurtado le pagó la suma de $20 millones del rubro de gastos reservados, para que no mencionara al DAS como parte de sus revelaciones en contra de la excongresista.
En contra de Coronell también se desplegaron seguimientos, sin autorización judicial, que incluyeron a su esposa, la también comunicadora María Cristina Uribe.
Las chuzadas
Según la sentencia, Hurtado, directora del DAS de agosto de 2007 a octubre de 2008, y Moreno, secretario de la Presidencia de 2004 a 2010, fueron condenados por haberse concertado con otros servidores del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, 'con el ánimo de obtener ilegalmente, información a través de los organismos de inteligencia, para desprestigiarlas mediante entrega de dicha información reservada a terceros y a los medios'.
Nacieron el 12 de septiembre de 2007 'cuando en el reservado del club Metropolitan, de Bogotá, Moreno le comunicó a Hurtado los temas sobre los que la Presidencia requería adelantar preponderadamente acciones de inteligencia: la Corte, Córdoba, Petro y Coronell'. De allí salió Hurtado a impartir tales instrucciones 'al director de Inteligencia, Fernando Tabares.
Alegatos de la Fiscalía
La Fiscalía aseveró que en este caso 'se incurrió en un exceso en el ejercicio del poder, que se concretó entre los años 2005 a 2009 por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde la Presidencia organizó una estructura criminal con la finalidad de neutralizar a las personas que se le enfrentaban'.
Así mismo, el representante de víctimas, Luis Pérez Casas, del Colectivo de Abogados José Alvear, insistió durante el proceso en que 'este caso se trató de un aparato organizado de poder en el que no hubo órdenes directas, pero sí una división de tareas y una cadena de mando claramente identificable en cuya acción se difamó y se vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre'.
Con este argumento, el colectivo pidió que 'el inicio de investigación penal contra Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez, José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe Vélez por ser copartícipes de estos hechos'.
La Corte
En medio del público y notorio enfrentamiento que existía en 2007 entre Uribe y la Suprema, sobre todo por las decisiones de la ‘parapolítica’ contra congresistas amigos del Gobierno y, en particular, contra su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, se dieron las chuzadas al alto tribunal en al menos cinco casos.
Caso Tasmania. El 29 de septiembre y 1 de octubre de 2007, Hurtado ordenó a Martha Leal viajar a Medellín para recoger documentos que supuestamente revelarían conductas ilegales del magistrado Velásquez, por lo que se reunió con el polémico abogado González, defensor de alias Tasmania.
Caso Paseo. En noviembre de 2007, Moreno acopió en Satena información sobre el viaje de los magistrados a Neiva en junio de 2006 y ordenó al DAS y la UIAF averiguar irregularidades, sobre todo, relacionadas con posibles nexos de Ascencio Reyes –quien habría pagado el viaje– y el narcotráfico.
Caso Mata Hari. Durante todo el año 2008 y los primeros meses del año 2009, el DAS mediante la Subdirección de Fuentes Humanas, infiltró al alto tribunal a través de sus propios empleados, quienes fueron reclutados por la detective Alba Luz Flórez Gélvez –conocida como la Mata Hari– como informantes y obtuvieron grabaciones ilegales de las sesiones reservadas de Sala Plena, copias de expedientes sobre la parapolítica, algunas diligencias e información personal de los magistrados y sus equipos de apoyo investigativo.
Caso Valencia y Bejarano. En marzo y abril de 2008, Hurtado ordenó verificar información sobre firmas y predios en notarías del magistrado César Julio Valencia y su abogado Ramiro Bejarano, de acuerdo con requerimientos de información que recibió de funcionarios del Gobierno y con destino a los abogados del presidente, quien había denunciado a Valencia por supuestas preguntas que este le habría hecho sobre su procesado primo Mario Uribe.
Caso Atentado. En junio de 2008, Hurtado ordenó a Leal averiguar por la existencia de unas grabaciones que comprometerían al magistrado Ramírez con el juzgamiento de una rebelde por el atentado al presidente en Neiva. Las grabaciones finalmente no se obtuvieron.
Los uribistas cuestionados
Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad, condenado en EEUU por nexos ‘paras’.
Mario Uribe, primo, exsenador, condenado en 2011 por parapolítica.
Jorge Noguera, ex DAS condenado por el crimen de Alfredo Correa.
Santiago Uribe, hermano del expresidente, investigado por nexos con paramilitares.
Luis Guillermo Giraldo, procesado por irregularidades contables en el referendo.
Andrés Felipe Arias, exministro, condenado por el AIS, está prófugo.
Sabas Pretelt, exministro, cartagenero, condenado en 2015 por la yidispolítica.
Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, investigado por el caso ‘hacker’.
Diego Palacio, exministro, condenado en 2015 por la yidispolítica.
Flavio Buitrago, ex jefe de seguridad, en juicio por nexos con ‘paras’.
Alberto Velásquez, exsecretario de Presidencia, condenado en 2015 por yidispolítica.
Luis Alfonso Hoyos, en interrogatorio por el caso ‘hacker’, viajó a EEUU.
Jorge Mario Eastman, exsecretario, ordenaron investigarlo por chuzadas.
Fernando Londoño, exministro, inhabilitado por el caso Invercolsa.
José Obdulio Gaviria, senador que ordenaron investigar por chuzadas.
Edmundo del Castillo, archivaron su caso por visita de ‘Job’ a Palacio.
César Mauricio Velásquez, exsecretario, ordenaron investigarlo por chuzadas.
Luis Carlos Restrepo, enjuiciado por la falsa entrega de guerrilleros. Está prófugo.
Andrés Peñate, ex director del DAS, ordenaron investigarlo por chuzadas.
