Pedro Sánchez ante el reto de desactivar la crisis en Cataluña

La iniciativa nace entre críticas de la derecha y el independentismo más radical y dudas sobre qué acuerdos pueden alcanzarse ante la lejanía de las posiciones de ambas partes.

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El primer ministro español, Pedro Sánchez, da una conferencia de prensa en Madrid el 12 de enero de 2020 para presentar su nuevo gobierno. AFP

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La iniciativa nace entre críticas de la derecha y el independentismo más radical y dudas sobre qué acuerdos pueden alcanzarse ante la lejanía de las posiciones de ambas partes.

El flamante gobierno de coalición español dirigido por Pedro Sánchez tendrá uno de sus principales retos en Cataluña, donde prometió iniciarse una controvertida negociación con los separatistas para encauzar un conflicto que lleva una década marcando la política del país.

"El tema catalán ha sido el mayor problema durante cinco o seis años en España y es la primera vez que alguien decide ponerle coto en una mesa de negociación", destaca el politólogo Ernesto Pascual, de la Universitat Oberta de Cataluña.

El compromiso era una condición indispensable para que el partido separatista ERC facilitara con su abstención en el Congreso la investidura de Sánchez, reconducido a la presidencia del gobierno que alcanzó en junio de 2018.

El pacto entre el PSOE de Sánchez y ERC contempla la creación próximamente de "una mesa de negociación" entre el gobierno central y el regional catalán controlado por los separatistas para "encauzar el conflicto político en la región", cuyos posibles acuerdos sean sometidos al voto de los catalanes.

La iniciativa nace entre críticas de la derecha y el independentismo más radical y dudas sobre qué acuerdos pueden alcanzarse ante la lejanía de las posiciones de ambas partes.

¿Qué pacto es posible?

Los independentistas quieren llevar a la mesa de negociación el derecho a la autodeterminación de esta región nororiental y la amnistía para los dirigentes encarcelados o huidos al extranjero tras el fallido intento de secesión de 2017.

El PSOE ya descartó un referéndum sobre la independencia.

Si bien el acuerdo suscrito contempla un "diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas", enmarca los resultados de la negociación en "el ordenamiento jurídico democrático".

"En la Constitución española no cabe un referéndum de autodeterminación para Cataluña", zanja el catedrático de derecho constitucional Xavier Arbós.

El proceso de reforma de la Constitución es laborioso y tampoco cuenta con el apoyo necesario, dado el rechazo de los grandes partidos españoles, incluido el PSOE, a permitir esta votación.

"Un referéndum como el de Escocia (en 2014 para separarse del Reino Unido, ndlr) no lo veremos", coincide el historiador y analista político Joan Esculies.

Para él, es más factible "un pacto para blindar y clarificar las competencias de la región que situara Cataluña en un estatus especial dentro del reino de España".

La región cuenta ya con amplias competencias en sanidad, educación o seguridad, pero parte de su población lamenta un déficit en inversiones y ve peligrar su lengua y cultura propias, fuertemente protegidas por las autoridades locales.

Aunque los separatistas controlan las instituciones regionales, la población se encuentra dividida sobre la independencia. Según el último sondeo del gobierno regional, un 47,9% la rechaza contra un 43,7% que la respalda.

Antes residual, el sentimiento independentista se disparó hace una década, coincidiendo con la crisis económica, la llegada al poder del conservador Partido Popular y la anulación parcial de un estatuto regional que ampliaba la autonomía de Cataluña.

La oposición al acecho

La negociación llega en un momento de crispación tanto en la región, escenario de protestas violentas en octubre tras la condena a cárcel de nueve dirigentes separatistas por el intento de secesión de 2017, como en el resto del país.

Cualquier cesión de Sánchez será atacada duramente por la oposición de derecha y ultraderecha, que ya lo acusó de "traición" por pactar con ERC su investidura.

Un acuerdo para dar más autonomía a la región será probablemente recurrido al Tribunal Constitucional, como ya hizo el Partido Popular con el estatuto regional aprobado en 2006 finalmente recortado.

"Esto provocaría una frustración similar" a la que entonces alimentó el auge del independentismo, indica Arbós.

La negociación también genera recelos en el independentismo. Tanto el presidente regional Quim Torra como su antecesor Carles Puigdemont, ambos de la formación Juntos por Cataluña, han criticado el pacto alcanzado por su aliado ERC.

"Es un proceso largo que durará mucho tiempo y pasará por fases de acercamiento, alejamiento, incluso ruptura. No será una cosa inmediata pero hay, al menos, un primer paso", dice Esculies.

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