Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good, en Mineápolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el Huffpost este miércoles.
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Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmó al medio, que Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó cuándo se había producido dicha suspensión.
La muerte de Good desató una ola de protestas en todo Estados Unidos, que crecieron el fin de semana pasado tras el deceso de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abaleado por agentes de la Patrulla Fronteriza, que participaban en las redadas migratorias en Mineápolis.
Los dos agentes que balearon a Pretti también fueron suspendidos de sus funciones, según anunció hoy el DHS.
Altos funcionarios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendieron las acciones de los agentes migratorios en los dos tiroteos. En el caso de Ross, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente gozaba de “inmunidad absoluta”.
Good, que había bloqueado con su vehículo el paso de los agentes, maniobraba para retirarlo de la zona de la redada cuando los funcionarios se le acercaron para intentar detenerla, momento en el que Ross, que se encontraba al frente, le disparó y acabó con su vida.
La Administración Trump afirmó desde un primer momento que el agente actuó en defensa propia porque Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.
La investigación sobre la muerte de Good, dirigida por el FBI, ha sido blanco de críticas, especialmente por parte de las autoridades estatales de Minnesota, a las que se les negó el acceso a las pruebas.
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Tras este antecedente, la fiscalía de Minnesota solicitó y obtuvo una orden de emergencia de un juez federal para prohibir que el DHS y agencias federales destruyan o alteren evidencias sobre la muerte de Pretti.
Este miércoles, un grupo de legisladores demócratas del Comité Judicial del Senado instaron al Departamento de Justicia (DOJ) para que abra una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good.
En su carta a la fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, los senadores enfatizaron que la decisión del DOJ de no investigar el asesinato de la mujer, madre de tres niños, “es emblemática” y hace parte de una tendencia más amplia del DOJ a ignorar la aplicación de las leyes de derechos civiles en favor de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump.
