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El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó en la noche de este lunes 29 de septiembre que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción externa, luego de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asegurara que el mandatario firmó la resolución ante las que denuncia como “amenazas” de EE. UU., que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe.

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¿De qué trata? De acuerdo a Rodríguez, “le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de que EE. UU. “se llegara a atrever a agredir” a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un “cambio de régimen”.

Sin embargo, desde la oposición venezolana, aseguran que no es más que una excusa del régimen para aumentar el control y la represión en contra de los venezolanos.

“El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido”, señala la ONG venezolana Acceso a la Justicia.

Por su parte, varios sectores políticos venezolanos han advertido que esta figura podría usarse para limitar libertades y reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política. También alertan que en lo internacional esto podría intensificar las complicadas relaciones con Estados Unidos e incluso acercar a Venezuela a aliados como Rusia, China e Irán.

Karim Vera, parte del partido Primero Justicia, señala que la medida es un “pretexto jurídico” para endurecer la represión. Agregó, citada por el medio Estoy en la frontera, que con esto podrían aumentar los operativos de seguridad, controles a la protesta e incluso restricciones de movilidad.

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Antonio Ledezma, político venezolano con asilo político en España, en una columna publicada en el medio El Debate, aseveró que en Venezuela “hablar de un Estado de Conmoción exterior resulta no solo redundante, sino profundamente irónico, dado que los derechos fundamentales de los ciudadanos —libertad de expresión, propiedad, libre tránsito— han sido sistemáticamente vulnerados durante años, sin necesidad de un decreto formal que los suspenda”.

Agregó que el estado de conmoción exterior no sería más que “una formalidad para justificar lo ya es una realidad: un régimen que reprime cualquier voz crítica para perpetuarse en el poder tal como lo acaban de exponer con lujo de detalles en su sexto informe, expuesto ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, los integrantes de la Misión Independiente de determinación de los Hechos ocurridos en Venezuela entre julio de 2024 y septiembre de 2025”.