Un total de 500 hectáreas de la hacienda Nueva Esperanza, antes denominada Las Tangas, en zona rural de Valencia, Córdoba, serán devueltas a 69 familias que en los noventa fueron desplazadas por el accionar con fusiles de los hermanos Carlos, José Vicente y Fidel Castaño, según fallo de restitución del Tribunal Superior de Antioquia.
El coordinador territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba, Rodrigo Torres, sostuvo que esta es, por el momento, la más grande sentencia de ese tipo desde que inició el proceso de paz y reparación a víctimas, en Córdoba.
Explicó el funcionario que el desplazamiento de esas familias se hizo bajo una serie de procedimientos irregulares, puesto que, producto de la intimidación ejercida por miembros de la Fundación para la Paz de Córdoba, los campesinos se vieron obligados a vender sus predios por valores irrisorios'. Una de las campesinas restituidas dijo que la situación de orden público empeoró en esa zona, 'y yo no podía dejar que me mataran allí. Esa gente me dijo que necesitaban las tierras y que teníamos que salir. Un día, diez hombres llegaron a caballo y me dijeron que tenía que salir al día siguiente porque después no respondían. Yo le vendí las tierras a un hombre que le dicen ‘Monoleche’, él pagó lo que quiso por mi parcela'.
La hacienda, hoy llamada Nueva Esperanza, antes Las Tangas, que fue bastión paramilitar en Córdoba, fue devuelta en acto que hizo el Gobierno el pasado 12 de diciembre. Ese día recibieron escrituras de sus parcelas las primeras 160 familias, con presencia del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
La propiedad habría sido campo de entrenamiento y de barbaries de las Autodefensas. Está conformada por 4.000 hectáreas a 15 minutos del perímetro urbano de Valencia, en el alto Sinú.
Para legitimar los predios, la familia Castaño constituyó una sociedad a la que llamó Inversiones La Milagrosa, donde aparecen como aportantes quienes precisamente se benefician con los fallos de restitución.
En Valencia un total de 250 familias han recuperado sus parcelas despojadas por las AUC en otrora.
En esa misma región el Gobierno Nacional ha asignado 2.500 millones de pesos para implementar proyectos productivos. Se anunció que estas familias están priorizadas en el Banco Agrario para construir vivienda de interés social rural.
