Este miércoles 30 de abril culminó el ciclo de audiencias preliminares en el proceso judicial por el feminicidio de Clara Álvarez Díaz, ocurrido el día 19 de abril y que ha despertado una fuerte reacción social no solo en el municipio de Soledad sino también el Atlántico en general.
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La audiencia, que había sido suspendida anteriormente, fue reanudada para definir la medida de aseguramiento contra el presunto responsable.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía solicitó que el imputado Edgar Jair Aguilar Soto fuera cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel y penitenciaría con Alta y media seguridad de Valledupar, conocida comúnmente como La Tramacúa.
Esta solicitud se basó en la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la seguridad del proceso. Sin embargo, la defensa del procesado se opuso a dicha solicitud, argumentando razones que fueron tenidas en cuenta por el despacho judicial.
Tras escuchar a ambas partes, la Jueza Segunda Penal Municipal Mixta Con Funciones De Control De Garantías De Soledad decidió que, de manera transitoria, Edgar Jair Aguilar Soto será recluido en la Cárcel Nacional Modelo De Mediana Seguridad De Barranquilla mientras se resuelve de fondo el proceso judicial.
El caso
Gritos desde el interior de una vivienda de la carrera 33 Sur con calle 76 alertaron a los vecinos a eso de las 5:25 de la mañana del pasado 19 de abril.
Al acudir hasta el lugar fueron allegados de Clara Milena Álvarez Díaz, de 44 años, quienes manifestaron que su cadáver permanecía en su dormitorio con múltiples heridas en la cabeza y en el cuerpo, al parecer, ocasionadas con un martillo y un cuchillo.
La versión de las personas indicó que Clara Milena habría tenido una confrontación con su pareja y fue este quien, en medio de un forcejeo, tomó cosas que tenía a su mano y empezó a hacerle daño hasta quitarle la vida.
“Según la información suministrada por la hija adolescente, de la hoy occisa, manifiesta que encuentra a su madre en una habitación de la vivienda, que sostuvo una riña con su cónyuge y le causa las heridas con un arma blanca, y objeto contundente (martillo)”, describió la Policía Metropolitana a través de un reporte.
La Fiscalía tipificó el hecho como feminicidio agravado, enmarcado en un contexto de violencia de género. Desde entonces, el proceso judicial ha sido seguido de cerca por organizaciones sociales, colectivos feministas y familiares de la víctima, quienes han exigido justicia y garantías de no repetición.
El caso continúa su curso en los estrados judiciales, mientras la sociedad permanece atenta al desarrollo de un proceso que representa una dolorosa muestra de la violencia estructural que enfrentan muchas mujeres en Colombia.
