El último crimen que las autoridades sumaron al listado de asesinatos en el Atlántico, por los llamados líos de tierras, se registró la noche del miércoles en El Vaivén, una vereda del municipio Juan de Acosta. La víctima fue Luis Simanca Charris, de 32 años.
'Un comerciante de la zona, quien se movilizaba en su vehículo y en momentos en que llegaba a su residencia, fue ultimado con disparos', declaró el jueves el coronel Raúl Riaño Camargo, comandante de la Policía del Atlántico, en entrevista con Emisoras ABC.
El hombre fue impactado por tres balazos y murió dentro de su camioneta, una Toyota. Riaño dio a conocer que, como hipótesis, se analiza 'alguna situación que lo tenía inmerso en procesos por temas de tierras, de compra y venta en el sector de Piojó'.
La muerte de Simanca es apenas una de las no menos de 11 registradas este año en Barranquilla (10) y el Atlántico (1), relacionadas con conflictos de terrenos. Varias, incluso, están enlazadas por circunstancias.
Propósitos
EL HERALDO consultó a fuentes de la Policía, la Fiscalía, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y un comerciante de lotes, quienes coincidieron en que las disputas de predios están centradas en la invasión de lotes del Estado, con dos fines.
El primero, construir y luego demandar en busca de indemnizaciones por supuestos perjuicios. El segundo, el traspaso irregular de las escrituras falsas para establecer negocios o casas que sirvan de fachadas para lavar dineros ilícitos o encaletar cocaína, dinero en efectivo y armas.
Un antecedente de ese último propósito data del 24 de enero de 2011. La Policía decomisó ese día 30 kilos de cocaína y destruyó un laboratorio de droga de la banda criminal Los Rastrojos en dos fincas: Azucena y El Paraíso, en Juan de Acosta.
En agosto de 2013, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado denunciaron la apropiación irregular de tierras en playas de Puerto Colombia y Tubará. Las anomalías incluyen contradicciones entre el área determinada y la protocolizada en escrituras, falsedades de documentos y la presunta complicidad de funcionarios a cargo de los trámites: notarios, inspectores de policía, curadurías e incluso alcaldes.
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Así es como funcionarían estos carteles de invasores y usurpadores, incluyendo abogados, funcionarios de la Fiscalía y juzgados, testaferros, y grupos de seguridad privada liderados por exparamilitares, expresidiarios, expolicías o exmilitares.
Jugoso negocio
Las pujas se focalizan en las zonas de desarrollo industrial, comercial y urbano. Un comerciante de terrenos y un perito del Igac advirtieron que, para hacerse a una idea de por qué se mueven intereses que rayan en lo criminal, basta con conocer los valores comerciales.
En Galapa, el metro cuadrado vale hasta $200.000, por ende una hectárea (10.000 m2) puede costar $2.000 millones. Los precios dependen de su cercanía con la Cordialidad: entre más próximo, más caro.
¿El motivo? 'Galapa está disparada', respondieron, por el boom de industrias que quieren fijar plantas y bodegas allí, y las zonas francas ya instaladas y los otros proyectos de este tipo que vienen en camino.
De Galapa también despierta interés su conexión con el corregimiento Juan Mina, que conecta a la prolongación de la carrera 38 y, por esta, a Barranquilla y los municipios costeros Tubará, Juan de Acosta y Piojó.
Dependiendo de la cercanía con el proyecto del Gobierno ‘Circunvalar 2’, allí puede encontrarse el metro cuadrado entre $50.000 y $120.000, es decir, por una hectárea se paga desde $500 millones hasta $1.200 millones, explicó el comerciante.
Otro de los sectores apetecidos son los alrededores de la avenida Circunvalar, en la franja norte y sur occidental de Barranquilla: la hectárea está avaluada entre $2.000 millones y $3.000 millones.
Las extensiones a lado y lado en la Vía al Mar, desde Puerto Colombia hasta Tubará, con salidas al mar Caribe, también son excelentes para el turismo, así como puertos clandestinos del narcotráfico.
En dicha área el valor de la hectárea se cotiza dependiendo de la cercanía al mar. En Puerto Colombia, no baja de $1.000 millones; en Playa Mendoza (Tubará), a partir de $700 millones; y en Caño Dulce (Tubará), 'donde la cosa por pleitos está bastante delicada', no se negocia por menos $500 millones.
Rafael Sandoval Rossette (i) y Luis Simanca Charris (d).
Tres crímenes
Las pesquisas de la Policía y la Fiscalía apuntan a que Luis Simanca fue asesinado en la vereda El Vaivén 'por temas relacionados con tierras', insistió Riaño. 'No hay una denuncia formal, ni teníamos antecedentes, ni una queja específica de la seguridad de esta persona ante las autoridades competentes'.
De acuerdo con informaciones preliminares, esa muerte guardaría relación con el homicidio de Rafael Sandoval Rossette, 33 años, ocurrido el 16 de julio pasado. A este, un sicario le propinó seis disparos mientras comía en el restaurante Mag Mondongo, carrera 43 con calle 70, norte de Barranquilla.
Sandoval era jefe de una empresa de seguridad de predios, informó la Policía. Su nexo con Simanca, al parecer, era el trabajo en llave para cuidar un lote en Caño Dulce. Lo que aún no es claro para las autoridades es qué sucedió con el terreno.
Por un lado, las averiguaciones conducen a que Simanca contactó al propietario, quien vive fuera del país, para ofrecerle seguridad y evitar que se lo robaran. Le recomendó que viniera cuanto antes al Atlántico. Pero el interesado no vino solo, sino con compañía desde Medellín y evitó así un presunto plan de secuestrarlo y obligarlo a traspasar la tierra. Los asesinatos de Simanca y Sandoval habrían sido en venganza por ello.
¿$600 millones?
La otra teoría es que Simanca y Sandoval acordaron negociar el lote sin permiso del dueño, quien reside en Medellín. Y que este, al enterarse, pagó por sus muertes.
Familiares de Simanca dijeron el jueves, afuera de Medicina Legal, que él 'arrendaba maquinaria pesada y viajaba mucho a Medellín'.
El coronel Juan Carlos Nieto, subcomandante de la Policía Metropolitana, declaró a Emisora Atlántico que el atentado a Sandoval sería 'una situación asociada a la titularidad de predios en el área metropolitana y Atlántico, ya que hay organizaciones criminales dedicadas a eso'.
A los dos días del crimen, un tío del jefe de seguridad manifestó al diario Q’hubo 'que debían darle una suma de dinero, como $600 millones, y para no dársela fue que lo mataron. A él lo citaron a ese restaurante y la persona que lo citó estaba ahí'. 'Nos han señalado -continuó- como si fuéramos de una banda y no lo somos. Mi sobrino trabajaba en una empresa de seguridad y cuidaba unas tierras'.
Las labores investigativas desplegadas por la Policía y Fiscalía también han establecido que el crimen de Sandoval habría derivado en el ataque a tiros que, el 8 de agosto, cobró la vida de Diego Ruíz Villarreal, alias Diego Máster, en un lavadero de carros del barrio Los Pinos.
Coincidencias
Los asesinatos de Sandoval y Rossette están marcados por el uso de silenciador. Sin embargo, no son los únicos en los que se utilizó una pistola con un supresor de sonido.
Esa circunstancia se había presentado ya en la calle 106 con carrera 88, barrio Las Flores, donde fue asesinado el 23 de enero Alberto Mejía Valle, de 27 años, quien estaba ad portas de graduarse como abogado.
Alberto Mejía Valle fue asesinado al volante de este automóvil, en el barrio Las Flores.
Mejía acudió con dos primos al barrio donde lo mataron para cumplir una cita, como le pasó a Sandoval. 'Estuvieron por varias horas allá, almorzaron esperando a las otras personas, pero no llegaron', contaron familiares después del hecho.
También reconocieron que Mejía era compadre y socio del comerciante Ramiro Morris González, de 66 años, asesinado ocho días antes por un sicario en el barrio Los Andes. Expresaron que eran 'como padre e hijo' y 'prestaban dinero y vendían propiedades en sociedad'.
Las labores de policía judicial hallaron además evidencias que correlacionan el homicidio de Mejía con otro acontecido el mismo 15 de enero, dos horas y media después de que tirotearan a Morris: el de Jamer Hernández Contreras, de 41 años, en una casa del barrio Las Malvinas.
Hernández, que purgó ocho años de prisión por concierto para delinquir, fue integrante de la subestructura de la banda criminal ‘Los Paisas’ en el barrio Las Flores. Las indagaciones están encaminadas a determinar si su muerte produjo una retaliación que resultó en el plan contra Mejía Valle.
De un ataque a tiros con silenciador fue víctima también el comerciante y ganadero Hernando Hinojosa Díaz, de 45 años, el 1 de agosto en la calle 70 con carrera 41, barrio Delicias.
Fuentes de la Policía señalaron ese día que el trasfondo del crimen sería la participación de la víctima en un pleito de predios en Atlántico o su natal departamento del Cesar. Otra fuente apuntó que, con el paso del tiempo, se ha conocido que el conflicto estaría sobre la vivienda en cuya entrada Hinojosa recibió los balazos.
Tres fuentes judiciales consultadas advirtieron que 'la situación de seguridad por esta problemática se puede calentar mucho más', por dos factores: el retorno al país del exjefe narco del paramilitarismo en el Atlántico, alias Salomón, y su mano derecha ‘Chang’, quienes fueron deportados en el primer semestre desde Estados Unidos, luego de purgar condenas por narcotráfico.
'Aunque están presos, porque acá tienen procesos pendientes, están encendidas las alarmas ante un eventual interés de que quieran recuperar lo que tenían', comentó una fuente. 'Sobre todo que la zona de injerencia de ellos fue la Vía al Mar, hoy por hoy una de las zonas complicadas por todo esto de líos de tierras', complementó otra.
Otros 5 crímenes relacionados con pleitos de predios
13 de enero: José Hernández Gores, de 46 años, murió porque un sicario lo baleó cuando iba en un carro, por la carrera 36 con calle 87, barrio Colina Campestre, cerca de El Rubí. La Policía informó que tenía cinco anotaciones por estafas relacionadas con compra y venta de terrenos.
4 de agosto, un sicario mató a su hermano Luis Hernández (61) en el barrio Me Quejo, en el suroccidente. Tenía cinco anotaciones por estafa, una por abuso de confianza, dos por constreñimiento y una por perturbación sobre bien inmueble.
30 de mayo: José Morillo Navarro, de 64 años, murió a los cinco días de haber sido baleado en el barrio Ciudad Jardín, en el norte. En el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) aparecía como indiciado en tres denuncias por perturbación de la posesión sobre inmueble en Puerto Colombia, fraude procesal en Cartagena; y estafa en Barranquilla.
Al abogado Morillo lo balearon cuando se desplazaba en este carro, en el norte de la ciudad.
25 de junio: Marta Luz Martín Bacci, de 54 años, contadora, trabajaba en el área de archivo de oficina de la seccional del Igac. Un familiar expuso que ella había tenido un problema y que 'ya el caso estaba denunciado'.
6 de agosto: Marcos Torres Sagbini, arquitecto. Según el reporte de la Policía, recibió cuatro disparos dentro del restaurante Mi Playita, en la Vía al Mar, cerca de Playa Mendoza. Policías hallaron la moto de los sicarios abandonada a unos 3 kilómetros del sitio, en la vía que comunica a Tubará con la Vía al Mar. Agentes de la Sijín habían allanado el año pasado el restaurante en busca de armamento, pero no lo encontraron.
