El Heraldo
Vista general de Tubará, municipio que tiene múltiples atractivos por su proximidad con el litoral norte. Luis Rodríguez
Barranquilla

Tubará, bloqueado por investigación de predios

Supernotariado extiende a casi todo el Municipio las indagaciones por parcelación y venta del resguardo indígena. Según el expediente, al que EL HERALDO tuvo acceso, desde 1991 alcaldes hicieron adjudicaciones al parecer ilegales.

“Ya están bloqueados los 2.500 predios y ahora vamos a hacer las notificaciones del caso”. La afirmación del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en diálogo con EL HERALDO, hace referencia a la decisión administrativa para establecer si en Tubará, Atlántico, –y en Puerto Colombia– adjudicaron ilegalmente tierras del Estado.

Paralelo a este anuncio, la Procuraduría General informó que dentro de esa investigación el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el Atlántico (Igac) actualizó en 20.496 hectáreas “las cabidas (extensión) y linderos costumbristas” de lo que fue el Resguardo indígena de Tubará –matrícula inmobiliaria 040-62887–, predio en el que alcaldes de esos dos municipios habrían cometido anomalías desde 1991.

Lo llamativo de los dos anuncios es que dentro de los límites del Resguardo quedan comprendidas casi todas las propiedades, urbanas, rurales y zonas de playa, que hoy conforman Tubará (ver mapa), por lo que, a raíz de la decisión de la Superintendencia quedan por fuera del comercio, pues el bloqueo al que se refiere Vélez significa, nada más y nada menos, que sobre las casas, fincas, lotes, etc. en esa jurisdicción “no se podrá realizar una sola venta, ni hipoteca y ningún acto jurídico de inscripción en Instrumentos Públicos hasta que culmine la investigación”.

Al iniciar el estudio jurídico-registral de Tubará, ante “múltiples quejas de ciudadanos” sobre posibles “situaciones anómalas en las adjudicaciones de predios pertenecientes al Resguardo”, la Superintendencia de Notariado, la Procuraduría, la Dimar y el Incoder fijaron como objetivo determinar acciones para “retornar al Estado” las áreas que se establezca le pertenecen a este.

Al respecto, el superintendente Vélez asegura que “vamos a garantizar la propiedad privada en Colombia”, y añade que en el proceso “debe haber derecho a la defensa, como también debemos garantizarles a los colombianos que las tierras del Estado, son del Estado”.

Bolívar, los indígenas y el predio. Durante los primeros años de la República, por orden del libertador Simón Bolívar, a través del Decreto de la Villa del Rosario del 20 de mayo de 1820, que ordenaba devolver a los naturales los resguardos, este globo de terreno fue entregado a los indígenas de Tubará.

Posteriormente, en 1883, Tubará fue declarado Municipio y, en 1886, tras la guerra civil el predio fue  declarado “bien vacante” al determinarse que los indígenas que lo habitaban ya no existían, señala el contexto histórico en manos de las autoridades.

El 26 de mayo de 1886, en un remate público, Manuel María Palacios Vargas compró por 267 pesos las tierras, en las que se presumía la existencia de hidrocarburos. Y en diciembre de ese mismo año Palacios se lo vendió al municipio de Tubará, pero se reservó para sí y sus hermanos los derechos sobre el subsuelo, que posteriormente enajenaron.

En ese momento se pensaba que el globo de terreno tenía una extensión de 16.500 hectáreas y así fueron definidos, a la usanza de la época, algunos de los linderos: “Dividivi (árbol de la Cruz del Carmen entre Galapa y Tubará), con cuyo árbol lindan terrenos de varios condueños  particulares; de este lindero se parte en línea recta por la fila de Guaimaral, lindando con terrenos de Blas Llanos y  terrenos de Baranoa. De ahí al lugar nombrado Bongo de la Quinta e inmediaciones de Sibarco (…)”, señala el registro histórico.

Las adjudicaciones de los alcaldes

Del gran predio o Resguardo Indígena de Tubará, segregado en 714 partes –y estas a la vez subdivididas por lo que se habla de 2.500 predios o más–, las autoridades ha hallado que desde el 1 de junio de 1991 los alcaldes habrían adjudicado de forma gratuita lotes que estarían situados en zonas rurales de la playa marítima, desconociendo la propiedad de la Nación sobre los bienes de uso público, que de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que son intransferibles y están fuera del comercio.

La norma además establece que son bienes de uso público “las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, (…) por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley (…)”.

Frente al tema, Vélez explica que aunque las adjudicaciones se presentan desde 1991, “las concentraciones de estas por parte de los alcaldes se dan desde el 2002 para adelante, lo cual nos llama la atención”.

Este, sin embargo, no es el primer cuestionamiento legal sobre los predios de Tubará: dichas tierras, entre 1991 y 1992, fueron objeto de 23 decisiones del Tribunal Administrativo del Atlántico, en varias acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio.

En esas decisiones, que tienen que ver sobre todo con la zona del litoral de Puerto Caimán, se declara la nulidad de las resoluciones de alcaldes de turno, que adjudicaron terrenos en bienes de uso público, y se cancela la matrícula inmobiliaria.

Pero, al parecer, la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla no habría registrado los fallos, por lo que la Procuraduría del Atlántico debe revisar si se cancelaron o no los folios de dichas matrículas inmobiliarias.

Del terreno principal, además, se deslindó otro de 303 hectáreas, denominado Playas Marítimas Puerto Velero, folio 040-411681, que se encuentra actualmente bloqueado por solicitud de la Capitanía de Puerto, ya es un bien de uso público por conformar playas, terrenos de bajamar y playones.

Posibles irregularidades

En las pesquisas, la Superintendencia halló otras presuntas irregularidades como: predios adjudicados por Tubará pero ubicados en municipios contiguos, como Juan de Acosta, Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Barranquilla; adjudicaron predios sin linderos definidos; con las escrituras públicas protocolizaron documentos sin el cumplimiento de los requisitos de ley; los trámites se hicieron en notarías diferentes a las del Circuito de Barranquilla a la que pertenece Tubará, de acuerdo con el Decreto 1028 de 1980.

EL HERALDO conoció que las notarías en las cuales encontraron protocolos de adjudicaciones del municipio de Tubará son la de Baranoa, con 270; Ponedera, 59; Galapa, 3; Juan de Acosta, 71; Malambo, 9; Santo Tomás, 4; Puerto Colombia, 47 y Soledad 3. El superintendente Jorge Enrique Vélez dijo que, extrañamente, “hemos detectado que han tratado de hacer escrituras de esos predios en Medellín y Cali”.

Recomiendan investigaciones

La Procuraduría Regional del Atlántico informó que inició las acciones de seguimiento “para la salvaguarda de los bienes de uso público del municipio de Tubará”.

Luego de una mesa de trabajo, el ministerio Público dijo que el Incoder Atlántico advirtió, por su parte, que en caso de identificar bienes de uso público rurales que fueron adjudicados por una entidad distinta al Incoder, “los respectivos actos de adjudicación deben ser objeto de revocatoria”.

Igualmente, la Procuraduría manifestó que la Capitanía de Puerto de Barranquilla ha denunciado que, incluso, en los terrenos en cuestión “existen zonas de playa y bajamar sobre las cuales algunos particulares impiden el acceso a la Capitanía, circunstancia ante la cual resulta fundamental contar con el apoyo de las Alcaldías”.

Dentro de las recomendaciones que hace la Superintendencia ante las posibles irregularidades está la de que la Procuraduría investigue la responsabilidad de notarios y registradores de Instrumentos Públicos por las presuntas anomalías encontradas.

Igualmente, la Supernotariado propone una intervención parcial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, con el fin de apoyar las pesquisas, y como las adjudicaciones son sobre predios rurales y urbanos, pide el concurso de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras.

A la Contraloría General de la República le recomienda que investigue si en este caso se ocasionó un posible detrimento al municipio de Tubará. Asimismo le piden al ministerio Público que exija el cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Administrativo del Atlántico sobre la cancelación de la matrícula inmobiliaria de los lotes de terreno en bienes de uso público.

Finalmente propone promover una acción popular para proteger el espacio público, en este caso  las playas.

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