Los niños, niñas y adolescentes son el sector poblacional más vulnerable y más vulnerado en Colombia. Las distintas formas de violencia contra menores aumentan cada año ante la impasividad de la sociedad, que no se entera, que no quiere enterarse o que no sabe cómo actuar frente a un fenómeno atroz que requiere de acciones inaplazables.
Las cifras son aterradoras. Según el ICBF, durante este año se han presentado 68 casos diarios de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Un gran porcentaje de estos delitos se cometen contra niñas y adolescentes mujeres, siendo el abuso sexual –en su mayoría perpetrado dentro del entorno familiar– la forma de violencia más reiterada.
Nuestros menores siguen siendo víctimas de maltrato, esclavitud laboral, violación, pornografía infantil, trata de personas, prostitución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición, sin que la sociedad haya podido encontrar herramientas contundentes para prevenir y erradicar este vergonzoso comportamiento social, que tiene a Colombia como el tercer país del mundo con más homicidios de niños y niñas, según cifras de la ONG Save the Children.
Expertos concuerdan en que los entornos en los que nacen y crecen los menores en Colombia no son seguros, en gran parte debido a la naturalización de la violencia como herramienta principal de resolución de conflictos domésticos y también porque predominan, entre padres y tutores, conductas negligentes que exponen a los niños y niñas a situaciones que ponen en riesgo su seguridad y su vida.
A esto se le suma el hecho de que los sistemas institucionales de protección y justicia siguen siendo ineficaces, comenzando porque a las víctimas no se les cree cuando comunican algún tipo de agresión, lo cual entorpece los procesos judiciales y disminuye notablemente las denuncias.
Pero, además de los traumas irreparables –físicos y sicológicos– con los cuales las víctimas deben cargar por el resto de sus vidas, es un hecho que los niños y niñas abusados se convierten, al crecer, en multiplicadores de la violencia de la que han sido objeto, lo cual constituye uno de los principales gérmenes de nuestras tragedias nacionales.
No sobra nunca reiterar que no bastan las políticas públicas encaminadas a perseguir, judicializar y condenar a los perpetradores. Es preciso actuar en el núcleo mismo del problema, propiciando al interior de las familias ambientes seguros en los cuales los derechos de los menores sean respetados y protegidos, espacios cotidianos en los que primen la confianza y la libertad, y una educación de calidad despojada de sectarismos morales.
El patrimonio de un país son las personas, en especial la niñez, y no es con indolencia o perplejidad como vamos a salvarla de la indignidad y la barbarie.
