Después de un proceso que parecía de nunca acabar, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha autorizado una alternativa para la vía Barranquilla-Ciénaga, de modo que un tramo de unos cuatro kilómetros que discurre por la Isla Salamanca quede a resguardo de la erosión por los embates del mar.

Con esa decisión se despeja –en teoría– el camino para ejecutar esta obra tan ansiada por barranquilleros y samarios y de tanta importancia para la conectividad del país. 

Decimos en teoría, porque ayer no estaba claro el alcance del  dictamen de la Anla. La opción aprobada de uno o varios viaductos es, de lejos, la más costosa de las que se planteaban, con lo que está por verse  ahora quién podría asumir la responsabilidad de la obra. 

Por otra parte, ¿esa solución se aplicaría sobre el lineamiento  de la actual carretera? ¿O mediante un cambio de trazado que permita alejar del mar el segmento más problemático de la vía, introduciéndolo unos 500 metros en el parque natural de Salamanca? La primera opción es la más cara por ser mayor el trayecto; en cuanto a la segunda, ¿requeriría un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que implicaría seguir con el eterno cuento del gallo capón? 

Confiamos en que estas dudas se despejen en las próximas horas. Y que las explicaciones resulten convincentes, porque los enredos y dilaciones a los que se ha enfrentado este proyecto de enorme trascendencia para la región ya han sobrepasado los límites de lo tolerable.

Que el tramo entre  Barranquilla y Ciénaga se mantenga aún de una sola calzada no refleja otra cosa que una actitud indolente, cuando no desdeñosa, de la burocracia estatal hacia las necesidades de la Costa. 

Para no irnos tan atrás, el presidente Santos se comprometió en su primera campaña presidencial a ampliar la carretera a doble calzada y cuatro carriles. Esa promesa sigue, evidentemente, sin cumplirse. La situación lleva al disparate de que el nuevo Puente Pumarejo, que se entregará un año después de lo previsto en el contrato, desembocará en la vieja carretera de una calzada, que tiene un retraso mucho mayor.

Lo que viene ahora –nos tememos– no es un camino de rosas. La opción aprobada por la Anla es, como ya señalamos, muy costosa y su asunción por una APP seguramente entrañaría dificultades y demoras. Y la opción de una concesión encarecería inevitablemente el tránsito por la carretera. 

Si de verdad se pretende agilizar el proyecto, lo más indicado es que el Gobierno lo asuma directamente. Esperamos que Santos, antes de irse, nos aclare el escenario.