¿Por qué otra vez corrupción en Migración y la Registraduría?
Con pruebas suficientes, EL HERALDO denuncia una red criminal en el interior de Migración Colombia y la Registraduría que opera en puestos de control terrestres y aéreos del país. Los hechos son contundentes. Es necesario depurar las entidades y fortalecer sus buenas prácticas ante tanta corrupción.
No es la primera vez que funcionarios de Migración Colombia y la Registraduría se apartan de sus funciones constitucionales para dedicarse a actividades criminales directamente vinculadas con su labor. Hace tres años, EL HERALDO reveló cómo operaba un entramado ilegal que cobraba un promedio de 1,5 millones de pesos por ‘legalizar’ a migrantes en la sede Centro de la entidad, en Barranquilla. En 2016, la Fiscalía General capturó a siete personas, cinco de ellas registradores activos, señalándolos de integrar una red dedicada a expedir documentos a extranjeros de varios países en las oficinas de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco y Santo Tomás. Con comprobada eficiencia, la banda había logrado tramitar más de 8 mil cédulas durante cuatro años de irregulares gestiones migratorias y de identificación.
La historia vuelve a repetirse. Este es un fenómeno delictivo infatigable, como muchos otros, sustentado, por un lado, en las cuantiosas ganancias obtenidas por las mafias y, por otro, en la creciente demanda de quienes, por distintos motivos, buscan cómo desplazarse hacia Estados Unidos y Europa, vía Colombia u otros países de la región, sin contar con la documentación requerida. Como toda modalidad criminal se reinventa cada cierto tiempo modificando aspectos relacionados con el modus operandi para evitar ser sorprendidos in fraganti, llegando a un nivel de sofisticación tal que cuesta identificar a simple vista alteraciones en las identificaciones de los viajeros.
En esta ocasión, EL HERALDO confirmó que empleados de Migración y la Registraduría venden “paquetes” a integrantes de grupos criminales, personas sin papeles o traficantes de seres humanos, hasta por 17 mil dólares, para expedirles documentos colombianos, cédulas o pasaportes que les faciliten su ingreso, tránsito o salida a destinos internacionales. Los datos, hechos y testimonios con los que hacemos esta denuncia ponen al descubierto gravísimas fallas en la forma como operan los sistemas migratorio y de identificación en el país, que terminan siendo coladores de quienes en total ilegalidad cruzan los puestos de control terrestre de Paraguachón (La Guajira) y Rumichaca (Nariño), o los de los aeropuertos Ernesto Cortissoz, de Barranquilla; José María Córdova, de Medellín; El Dorado, en Bogotá, y Rafael Núñez, en Cartagena.
La información, contrastada con tres fuentes distintas, revela que la red con conexiones en las registradurías de Barranquilla, Malambo, Soledad y Sabanalarga (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Riohacha (La Guajira) tiene tentáculos en México, República Dominicana y Venezuela. En estos lugares, previo aviso de sus enlaces colombianos, delegados de las entidades migratorias locales reciben a los clientes referidos para concluir la faena. Demasiados lucrándose de un negocio ilícito que crece de la mano de la actual crisis socioeconómica derivada de la covid-19, que deterioró aún más las condiciones de vida de un número indeterminado de personas, en especial mujeres que han caído en las garras de mafias de criminalidad forzada o explotación laboral y sexual, que de esta manera las trasladan a Europa.
No siempre los corruptos logran su cometido, lo cual permite romper la cadena de ilicitud que salvaguarda prácticas tan repudiables. En algunos casos, funcionarios al margen del entramado irregular detectan evidentes inconsistencias en los pasaportes. En otros, las improntas de los sellos usados para autorizar movimientos migratorios no aparecen en el sistema ni estos son avalados por las firmas oficiales. Descubiertas, las personas inadmitidas en sus destinos acaban siendo deportadas o expulsadas a Colombia. Al menos 40 casos van este año, solo en Barranquilla. ¿Por qué no se conocen sanciones o determinaciones de fondo que frenen una situación que, además de ser escandalosa por las implicaciones que tiene para las víctimas de estos delincuentes, así como para la seguridad nacional e internacional, pone en entredicho la credibilidad de las entidades involucradas? No se trata solo de arremeter contra Migración Colombia y la Registraduría, también afectadas por esta cuestión, sino de abrir un debate necesario sobre los controles ejercidos para evitar que de forma tan recurrente algunos de sus funcionarios tengan patente de corso para cometer todo tipo de irregularidades sin más. Algo tendrán que hacer. Nosotros, en tanto, seguiremos denunciando.
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