La situación del ministro de Defensa, Guillermo Botero, era realmente insostenible.

Más allá de las valoraciones que unos y otros puedan hacer de su gestión, el hecho cierto es que, salvo sorpresas, iba a ser en cuestión de días el primer ministro de la historia del  país en ser derrotado en una moción de censura parlamentaria.

Lo que precipitó los acontecimientos fue la revelación, en el debate de censura en el Senado, de que ocho menores de edad habían muerto en agosto pasado durante un bombardeo del Ejército a un campamento de desmovilizados de las Farc.

Las explicaciones que ofreció Botero, tanto en la sesión parlamentaria como en posterior rueda de prensa, sobre lo ocurrido no han sido convincentes ni para buena parte de la opinión pública ni para una mayoría de congresistas, que anunciaron su disposición de votar en favor de la censura al ministro. Sobre todo después de que la Fiscalía se desmarcara de la decisión del bombardeo y de que la Personería afirmara que había advertido al Ministerio de Defensa de la presencia de menores en el campamento.

Estamos plenamente de acuerdo con que los primeros responsables de lo ocurrido son los criminales que reclutaron a los menores para su organización o que los utilizaban como escudos humanos ante posibles acciones militares. Pero los bombardeos deben seguir unos procedimientos claramente fijados para evitar bajas civiles o de población vulnerable, los cuales, al parecer, no se habrían  cumplido.

En un comunicado, el ministro afirmó que la decisión de dimitir “se acordó” en una reunión que mantuvo con el presidente Duque para “analizar la actual coyuntura política”. Esta afirmación sugiere que la renuncia obedeció a un intento consensuado con el jefe de Estado para frenar el desgaste que la situación estaría produciendo al Gobierno.

En el comunicado, Botero destaca sus logros en la lucha contra los cultivos de coca y en la reducción de los índices de delincuencia, y ciertamente son puntos a destacar de su gestión. Sin embargo, no es menos cierto que ha cometido algunos errores muy serios, como dar explicaciones no veraces sobre el asesinato del desmovilizado de las Farc Dimar Torres o no actuar con reflejos cuando se publicaron  informaciones sobre unas polémicas directrices del Ejército para la lucha contra los grupos ilegales.

Confiemos en que la salida del ministro Botero tranquilice el clima político y que el presidente Duque encuentre un adecuado sucesor para tan importante cargo. Y, por supuesto, que se aclare el trágico suceso de la muerte de los menores, para que hechos así no se repitan.