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Editoriales
Actualizado hace 1 años

Justicia inoperante

El que haya 90.000 expedientes represados en los juzgados penales es un llamado de alerta para invertir en el fortalecimiento de las políticas públicas, el aparato judicial y los instrumentos de investigación criminal.

Una de las consecuencias colaterales del desarrollo es el aumento de la criminalidad. Este efecto es tan desafortunado como real, y debe ser enfrentado desde diversas perspectivas.

El departamento del Atlántico y su capital han crecido exponencialmente en las últimas décadas, lo cual se refleja en el aumento de casi todos los indicadores de desarrollo. No obstante, hay sectores que no han sido capaces de adaptarse a la velocidad de los acontecimientos. La administración de justicia es uno de ellos.

Así lo confirma el más reciente estudio del Observatorio de Justicia de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Transparencia. Una de sus cifras más alarmantes es que apenas existen tres juzgados por cada 100.000 habitantes en esta región del país, lo que quiere decir que Justicia no da abasto.

En estas condiciones es prácticamente imposible evitar el represamiento actual de más de 90.000 procesos: ningún juez, por más eficiente que sea, puede administrar justicia oportuna si en su escritorio se acumulan 800 expedientes que nunca terminan de evacuarse.

Resulta obvia la importancia de invertir en políticas públicas encaminadas a prevenir el delito: inversión social, jornadas únicas en las escuelas y campañas de convivencia ciudadana, entre otras acciones. Pero los resultados de una intervención social a gran escala, que aborde el problema de la criminalidad en sus bases, suelen tardar años.

Cualquier labor de prevención debe combinarse con el fortalecimiento de los instrumentos de investigación y de acción criminal: aumento de fiscales, actualización de las herramientas tecnológicas y construcción de nuevas cárceles.

Porque de nada sirve que se aprieten las tuercas de la Policía, si a los sospechosos capturados no se les resuelve pronto su situación jurídica, lo cual vulnera los derechos de los infractores y de las víctimas, y el resultado final puede ser el caos.

Es urgente asumir esta situación como una emergencia social y emprender cuanto antes, junto con las autoridades nacionales, medidas inmediatas que corrijan este cúmulo de falencias e impidan que el problema se salga de control.

Así como una región que se desarrolla debe pensar en mejorar la oferta vial para una mayor cantidad de automóviles, la oferta de vivienda para una mayor cantidad de familias, la oferta comercial para una mayor cantidad de consumidores, así también debe garantizar una mayor oferta de justicia para una mayor cantidad de transgresores de la ley.

Si la justicia no opera con eficacia, el desarrollo de nuestra región, de que tanto nos enorgullecemos, terminará convirtiéndose en un salto al vacío.

Imagen de cheyenn.lujan

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