Con un discurso desafiante, y vestidos con trajes de combate, varios excomandantes de las Farc, liderados por alias Iván Márquez, declararon nuevamente la guerra al Estado.

Al margen de si el anuncio implica una amenaza de cuidado en términos militares –los analistas están divididos en este punto– el hecho constituye un grave golpe al acuerdo de paz, por cuanto proviene de algunos de los más importantes líderes de la guerrilla desmovilizada, quienes han tenido una indudable importancia simbólica en todo el proceso.

Sobre la mesa quedan más dudas que certezas. Por una parte, hay quienes formulan la hipótesis de que todo se trata de un plan urdido por las Farc para tener al mismo tiempo un partido político en la legalidad y unos hombres en armas en la clandestinidad, un juego a dos bandas que por el momento parece poco probable, si se tiene en cuenta la postura, aparentemente indeclinable a favor de la paz de Timochenko y otros líderes desmovilizados.

También existe el temor de que una parte importante de las bases guerrilleras, que actualmente siguen esperando los avances de una implementación que luce muy lenta, terminen siguiendo los pasos de sus antiguos comandantes, lo cual implicaría el fracaso total de la apuesta histórica de acabar con el conflicto.

De momento, todo indica que se trata de una huida hacia adelante de dos líderes en líos judiciales por narcotráfico: Santrich es reclamado por la justicia de EEUU y un sobrino de Márquez está preso en ese país colaborando con las autoridades

De igual manera, el papel que asuma el Gobierno genera la concentración de una gran parte de la atención. Está por verse si la politización derivada del anuncio de “Márquez” y compañía termina permeando algunas de las decisiones que aún están por tomarse en materia de la consolidación de la paz, la cual se debe materializar en la implementación de lo firmado.

Sin perder de vista esa prioridad, el presidente Duque tiene el enorme reto de perseguir a quienes pretenden socavar el Estado hasta llevarlos a la justicia y, al mismo tiempo, de acelerar los mecanismos de implementación que no solo garanticen que los más de 11 mil combatientes que aún son fieles al Acuerdo permanezcan integrados a la sociedad, sino que también lleve al Estado hasta los territorios más sensibles a la presencia de las disidencias.

Justo igual que al principio de todo este largo proceso –y ahora por cuenta del anuncio de un puñado de evasores que pisotean la paz que pactaron con la sociedad, tal vez para evitar las sanciones a los delitos que han seguido cometiendo–, la consolidación del fin del conflicto depende de la voluntad de quienes negociaron, cedieron, acordaron y firmaron un acuerdo que sigue dividiendo en dos partes el sentir de los colombianos.