¿Qué pasará por la cabeza de un adulto como para tener la capacidad de hacer daño a una pequeña criatura de 3 o 4 años, que lo único que debe inspirar es ternura y deseo de proteger?

Solo una mente dañada y retorcida, de una “bestia malnacida”, como calificó el presidente Duque a los abusadores, puede cometer un acto tan deplorable y aterrador como abusar sexualmente de un niño o niña.

Es inimaginable la angustia y el dolor de un padre o una madre al descubrir que la persona a la que deja su más preciado tesoro, un hijo, trasgrede toda confianza y todo principio y decide agredirlo o violentarlo sexualmente.

No cabe ninguna razón y cualquier calificativo o cualquier pena o sanción es poca para castigar a los abusadores de menores.

Tras conocerse el abominable caso de 14 niños que habrían sido abusados por un auxiliar de cocina en un jardín infantil de Medellín, el presidente Iván Duque rechazó categóricamente el hecho y anunció que el próximo martes será sancionada la ley que establece cadena perpetua para los violadores de niños, niñas y adolescentes.

La entrada en vigor de la ley es, claramente, un paso importante para garantizar que no haya impunidad en estos casos. Pero lo que más necesita el país es encontrar la forma de prevenir que sucedan, que los menores tengan garantías de que nada ni nadie vulnerará sus derechos.

Es una enorme y compleja tarea que demanda el esfuerzo institucional de todas las esferas del Estado para lograr que los niños estén a salvo.

Infortunadamente, buena o gran parte de los casos de abuso tienen lugar en los entornos cercanos de los menores, y en muchos otros los responsables de las agresiones sexuales son los padres o las personas que quedan a cargo de su cuidado, como ocurrió en Medellín, donde las familias dejaban confiados a sus niños, mientras iban a sus trabajos, en un jardín infantil, o en el caso de El Bosque, en Barranquilla, donde una niña de 13 años era abusada por su propio padre, mientras su mamá laboraba.

Según los registros de Medicina Legal, en lo que va de 2021 6657 menores, entre los 0 y los 17 años, han sido víctimas de abuso sexual en el país, una alarmante y dramática cifra que deja en evidencia el peligro bajo el que crece nuestra niñez y nuestros adolescentes.

Los casos no paran y, aunque se celebra que se hayan endurecido las penas contra los violadores de menores, es imperativo que las autoridades desplieguen toda su capacidad operativa e investigativa para encontrarlos y demostrar sus responsabilidades, de forma que la Justicia tenga todas las herramientas, sin excusa, para aplicarles el máximo peso de la ley.