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El Editorial | La lucha por la tierra

Frente a lo sucedido en Sucre, el Estado no puede tolerar que sigamos asistiendo a crímenes y masacres anunciadas, tras las cuales las economías ilegales y estructuras criminales se fortalecen en su desafío contra la institucionalidad.

El miedo se extiende por la subregión de San Jorge, en el sur del departamento de Sucre, donde cinco personas, entre ellas el abogado el Arquímedes Centenaro, fueron masacradas, en la finca Los Caracoles, en la noche del pasado sábado. A este hecho violento, perpetrado por hombres fuertemente armados que llegaron a la zona disparando contra las personas allí reunidas, hay que sumarle el quinto intento de asesinato contra el líder agrario de San Benito Abad, Hernando Benítez León, de 76 años, quien resultó lesionado en uno de sus brazos durante un atentado a bala, registrado el lunes 19 de octubre.

Este curtido dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, lleva más de 30 años, dando una pelea descomunal, aún a costa de su propia seguridad personal y la de su familia, para restituirle a los labriegos las tierras, playones y ciénagas, hoy en manos de terratenientes y ganaderos de esta subregión que se las apropiaron ilegalmente, asegura, para extender sus inmensos latifundios. A pesar de las sentencias de los organismos competentes, estos procesos no avanzan. Un lamento extendido por toda la zona sucreña que merece ser oído en los pasillos y oficinas de la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá.

La inacabable y desigual lucha por la tenencia de la tierra también estaría detrás de esta masacre, la número 69 registrada este año en el país. Su único sobreviviente, el capitán indígena del Cabildo Arawak de la etnia Zenú, Carlos Arturo Valerio Betín, denunció, según reveló EL HERALDO, un procedimiento policivo de desalojo aparentemente ilegal alrededor del Complejo Cenagoso Amanzaguapo, donde están ubicadas 200 viviendas de indígenas y campesinos. Valerio Betín entuteló a la Alcaldía y a la Secretaría del Interior de San Marcos ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal por presuntas violaciones al derecho a la defensa, el debido proceso y la denegación de justicia.

El líder indígena advirtió sobre la “improcedencia de los procesos policivos” porque actualmente cursa un procedimiento especial administrativo agrario de deslinde en torno a esos terrenos a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Además, pidió protección para los residentes de la zona teniendo en cuenta que, a principios de este mes, se presentaron intimidaciones en contra de campesinos, la detención de una persona y hasta quema de casas, en los límites de Sucre y Córdoba. En un video, conocido en las últimas horas, labriegos responsabilizan a integrantes del Gaula de estos hechos, frente a los cuales no hay aún pronunciamiento oficial.

Luego de lo ocurrido, atendiendo el llamado de sectores políticos y sociales, el gobierno de Sucre y el Ministerio del Interior deben garantizar la seguridad de Carlos Arturo Valerio Betín y su entorno más cercano. Su vida corre peligro. La Fiscalía está llamada a redoblar esfuerzos para priorizar la investigación con el propósito de establecer, cuanto antes, móviles y responsables de la masacre, así como del atentado contra el dirigente agrario Hernando Benítez.

En Sucre, donde el 32% de sus habitantes ha sufrido las consecuencias directas del conflicto armado, se denuncia una alarmante reconfiguración de los grupos paramilitares que, como sucede en la subregión de los Montes de María, amenazan líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Estado no puede tolerar que sigamos asistiendo a crímenes y masacres anunciadas, tras las cuales las economías ilegales y estructuras criminales se fortalecen en su macabra estrategia de desafiar a la institucionalidad. Hay que actuar ya antes de que el monstruo de la violencia siga creciendo.

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