El séptimo mes de un año que se recordará por ser extremadamente complejo en términos económicos entró pisando fuerte. Debutó con el dólar más caro en la historia del país, lo que impactará, indefectiblemente, el bolsillo de los ciudadanos en general, pero sobre todo el de los más pobres que continúan perdiendo capacidad adquisitiva y cada vez tienen menos margen para disminuir gastos. Otro de los golpes más duros correrá por cuenta de la anunciada alza de la gasolina y del ACPM, indispensable –a juicio del Gobierno– para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Detrás llegará la ineludible cascada de aumentos, entre ellos en el valor de los alimentos, muchos de los cuales llevan ya meses por las nubes.

La reciente determinación del Banco de la República de aumentar en 150 puntos básicos la tasa de interés hasta fijarla en el 7,5 % –siendo el mayor incremento no solo de 2022, sino de los últimos cinco años– se convirtió en el más firme movimiento hecho hasta ahora por el Emisor para contener la espiral inflacionista que cerraría el año en una cifra cercana a los dos dígitos, o incluso podría superarla. Todo dependerá de la eficacia de los ajustes. Si pese a las intervenciones, porque no se descarta una quinta en julio, la inflación no se modera, el desafiante escenario que se abre daría al traste con las previsiones de la autoridad monetaria que, como si fuera poco, se ha expresado preocupada por un posible recalentamiento de la economía que –dice– estaría “en riesgo” por su acelerado crecimiento. A la espera de la evolución elevó, por segunda ocasión, su proyección anual del 5,0 % al 6,3 %.

Encarecer el crédito, la apuesta del Banco de la República para rebajar el consumo, lo que hasta el momento no ha sucedido con exactitud, también comportaría un menor crecimiento económico e impactaría la creación de empleo. Una receta que no es del agrado del presidente electo, Gustavo Petro, quien –no obstante– se comprometió en campaña a respetar la independencia del Emisor. Veremos qué ocurre a partir del 7 de agosto. Por el momento, el dato interanual del costo de vida se sitúa en 9,07 % y las expectativas de junio, de llegar a concretarse, lo remontarían a 9,70 %, mientras que el consolidado de los primeros seis meses se ubicaría alrededor del 7,0 %. Bastante alto, sin duda, pero aunque no sea un consuelo se encuentra en consonancia con lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa, donde la inflación continúa desbocada por cuenta del descomunal impacto de la guerra de Ucrania, alcanzando nuevos récords, a pesar de las medidas adoptadas para controlar los precios.

Esta tormenta perfecta no deja de agitar el fantasma de una inminente estanflación o, peor aún, de una recesión global que lleva semanas haciendo temblar a los mercados del mundo y empujando el dólar a sucesivas alzas. Panorama de incertidumbre e inestabilidad del que Colombia no escapa. Nunca antes en nuestra historia la divisa estadounidense había alcanzado un máximo de $4.209. Lo hizo en la jornada de este viernes, tras varios días de subidas constantes, confirmando que aún no ha tocado techo en el mercado interbancario. El pesimismo hace carrera en las bolsas mundiales desatando volatilidad generalizada, en tanto el petróleo cae, los riesgos se disparan, las materias primas se resienten, la inflación avanza descontrolada y la crisis política internacional por el conflicto en Europa se agudiza. Una amenaza de primer orden para el equilibrio económico y democrático, como recientemente pudo comprobar el Gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, durante la multitudinaria movilización ciudadana de 18 días, desencadenada por la carestía económica. Si no se construye confianza ni se ofrecen salidas que alivien a los más vulnerables, las tensiones inflacionarias empeorarán un contexto de por sí adverso. El equipo económico del Gobierno Petro, encabezado por el experimentado José Antonio Ocampo, que tendrá como principal reto sacar adelante una nueva reforma tributaria en el país, debe tomar atenta nota.