La vacunación contra la covid-19 es un reflejo de lo que somos: una humanidad indolente, egoísta e insolidaria. Este proceso que debe estar soportado en la justicia y la generosidad apunta a todo lo contrario por la desigual e inequitativa repartición de los biológicos en el mundo, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta la enorme disparidad de ingresos. Pero no es lo único que lamentar. La distribución de las dosis en varios países, entre ellos al menos tres latinoamericanos, ha desatado vergonzosos escándalos debido a la inmunización irregular de unos avivatos que impunemente se saltaron al personal de salud y a los adultos mayores, considerados grupos prioritarios y únicos autorizados para ser inoculados en la etapa inicial.

En Perú, la tormenta de irregularidades conocida como ‘Vacunagate’ lleva una semana ‘descabezando’ a funcionarios de los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores que se inmunizaron con un lote de vacunas que era parte de ensayos clínicos realizados en septiembre del año pasado. Favorecimiento y amiguismo con el visto bueno del Gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra, quien también se vacunó a escondidas, una conducta moralmente inaceptable viniendo de quien ejercía como el principal veedor del bienestar colectivo de los ciudadanos.

Más de lo mismo en Argentina, donde a pesar de haber comenzado la campaña el 29 de diciembre, apenas se había inmunizado al 1% de la población a corte del pasado viernes. Sin embargo, sí hubo dosis, alrededor de 3 mil, para los cercanos al poder, partidarios políticos, congresistas, familiares y amigos íntimos del ex ministro de Salud, Ginés González, quien haciendo gala de un ‘nepotismo sanitario’ avaló el relajo. “Hablen con Ginés”, la frase clave para acceder al ‘Vacunatorio VIP’ que abrió una tronera institucional en ese país.

En esta ausencia de ética alrededor de la vacunación no se salvó ni el modélico Chile, que ha aplicado al menos la primera dosis de Pfizer o Sinovac a cerca de 3 millones de ciudadanos en una exitosa campaña, de la que se aprovecharon más de 37 mil personas colándose en la fila antes de que les tocara, por ser menores de 60 años y estar sanas. Otra vez en el listado aparecen personalidades y funcionarios con responsabilidad política. Es intolerable que esto ocurra. No hay excusas que avalen o justifiquen semejante despropósito que merece repudio social por las implicaciones éticas y falta de solidaridad con quienes demandan protección prioritaria, y además plantea un oportuno debate sobre las consideraciones legales en las que incurren los colados a los que sí o sí habrá que aplicarles la segunda dosis: la inmunización no tiene vuelta atrás.

Menos de una semana después del inicio de la vacunación, dos hechos preocupan en Colombia: la pérdida de 4 dosis en Risaralda, donde se investiga para establecer si fue o no un error de manipulación, y el caso de un cirujano plástico de Bucaramanga, Camilo Reyes, que nunca ha estado en la primera línea de atención del virus y se vacunó con engaños cuando no le correspondía, tras asegurar que había recibido aval del Ministerio de Salud. Más fácil cae un mentiroso que un cojo y su insensatez le puede salir muy cara en el Comité de Ética Médica. Quien aplauda o celebre esta irregularidad comulga con una inadmisible forma de corrupción que pone en riesgo la vida de una persona que debió ser vacunada y no lo fue.

Saltarse la fila de la vacunación pasando por encima de otros no es viveza, es mezquindad, y sin vacunas disponibles para todos la pandemia no se podrá dejar atrás por lo que habremos fracasado en la prueba moral que nos plantea la ética para resolver esta crisis sanitaria. De todos depende que la cultura de lo fácil en esta crucial coyuntura no prevalezca.