A la Corte Constitucional, máximo garante de los derechos fundamentales en Colombia, no le puede quedar grande establecer responsabilidades frente a las graves denuncias realizadas, de manera anónima, por varios de sus empleados que relataron episodios de acoso laboral, comportamientos sexistas, violencia verbal, tocamientos inapropiados e invitaciones de tipo sexual en su trabajo, entre otras conductas recogidas en un estudio, cuya elaboración fue ordenada por el propio tribunal con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) a través de un convenio de cooperación.
La iniciativa institucional buscaba, en primera instancia, promover acciones positivas de inclusión laboral y de rechazo a todas las formas de violencia, como parte de una política de fortalecimiento de la equidad de género. De acuerdo con la metodología establecida, se encuestaron a las más de 240 personas vinculadas al alto tribunal y se entrevistaron a 14 de ellas, ocho mujeres y seis hombres, para elaborar un diagnóstico que permitiera “identificar oportunidades para todos los funcionarios y empleados”.
El informe con los testimonios de los denunciantes, cuyas identidades se desconocen, fue contundente. Por un lado, reveló "acoso laboral presente en todas las áreas de trabajo que se expresa diferente entre hombres y mujeres ya que operan los estereotipos de género en la asignación de tareas". Lograr ascensos para las mujeres tiene un “alto costo”, como renunciar a formar una familia o tener que asumir dobles jornadas arriesgando su salud o estabilidad emocional. Incluso los denunciantes indicaron que "los jefes son más duros con las mujeres", que han recibido "expresiones humillantes".
Por otro, las víctimas pusieron al descubierto comportamientos sexuales inapropiados como tocamientos o roces, así como prácticas de hostigamiento y acoso sexual. Al menos cinco funcionarias dicen haber sentido presión para sostener citas o encuentros por fuera del sitio de trabajo, presiones que vinieron de hombres con un cargo más alto y de sus propios compañeros. También reconocieron "haber recibido propuestas directas sobre tener relaciones sexuales". Muchas de estas “invitaciones” tuvieron lugar en actividades sociales como las fiestas de fin de año, donde “hombres de mayor rango se involucran con mujeres de cargos de menor responsabilidad o con judicantes”. Así se conoce a los estudiantes de Derecho, futuros abogados.
Es intolerable, mezquino y, además, un delito usar el poder y la jerarquía para intimidar y presionar a las mujeres buscando que paguen con favores sexuales su permanencia o ascenso en un entorno laboral. Es violatorio de sus derechos, de una vida libre de violencias, incluida la sexual y de una de sus formas más naturalizadas, el acoso. Todos y cada uno de los empleados de la Corte Constitucional, tribunal de justicia que lleva años garantizando con sus sentencias la protección de las mujeres en el país, lo saben. Por eso resulta más gravoso que funcionarios de tan destacadas competencias no apliquen lo que predican, pasando por encima de mínimas prácticas cotidianas con enfoque de género, que ahora dicen van a tener en cuenta.
Este escándalo laboral y sexual que hoy sacude al guardián de la Carta Magna del país debe ser un revulsivo para que, como promueven organizaciones de derechos de las mujeres como Women's Link Worldwide, sirva para identificar en el Poder Judicial colombiano “dinámicas internas de acoso sexual, laboral y discriminación de género e interseccional, con miras a mejorar sus políticas internas”. La Judicatura debe ser un espacio seguro, libre de violencias y acoso, paritario y diverso, en el que se reconozca la perspectiva de género.
No sirve de nada quedarse solo lamentando lo ocurrido, quién sabe por cuánto tiempo, o intentar tapar el sol con un dedo señalando que “no se han recibido denuncias sobre ninguna conducta de acoso laboral o sexual en las instancias dispuestas", como lo dijo el presidente del tribunal, Alberto Rojas Ríos. Hay que centrarse en investigar y sancionar los hechos que hoy ponen en tela de juicio la probidad de la Corte, protegiendo a los denunciantes y especialmente a las víctimas. De la misma Corte dependerá seguir siendo referente en Colombia, como la garante de los derechos de las minorías, de los excluidos y de las mujeres. Tolerancia cero a la violencia de género.
