La Costa abraza una nueva esperanza para conseguir rebajar el valor de las tarifas de energía que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia. Este es uno de los más gravosos azotes que soporta cada mes el bolsillo de millones de familias y empresas.

Parlamentarios costeños acaban de radicar en el Congreso de la República una propuesta formulada por los alcaldes de la región para que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, próximo a debatirse, la creación del llamado Fondo Estratégico para la Mitigación del Componente de Pérdidas y Normalización del Servicio en Zonas Prioritarias que, como su nombre bien lo indica, apunta, por un lado, a suplir o compensar hasta por cinco años el costo de las pérdidas técnicas y no técnicas, que en febrero, por ejemplo, se situó en el Caribe 13 puntos por encima del promedio nacional. Totalmente discriminatorio.

Y, por otro, esta iniciativa busca acelerar la atención de la subnormalidad eléctrica en los barrios más pobres de la región, donde se calcula que 350 mil usuarios, casi 2 millones de personas de los estratos 1 y 2, afrontan esta condición. Consecuencia, sin duda, de la histórica falta de inversiones de quienes estaban obligados a realizarlas, como ocurrió en el desgraciado caso de Electricaribe, al igual que de la ausencia del Estado en estos sectores vulnerables demandantes de un imprescindible enfoque diferencial que les permita enfrentar y, en lo posible, superar su situación.

En últimas, son casi 12 millones de habitantes del Caribe colombiano los que podrían beneficiase de la reducción de tarifas que se produciría, si prospera, como espera este territorio, la inclusión de los artículos propuestos en la hoja de ruta que el Gobierno nacional ejecutará en los próximos cuatro años, y en los que la justicia social es un elemento determinante.

Para que se entienda mejor. No existe en la Costa un asunto más relevante que superar la inaceptable inequidad generada por el pago de unos costos de energía desproporcionados que empobrecen a los hogares, restan competitividad, desestimulan inversión o impiden la creación de nuevas oportunidades para empresas e industrias.

¿Quiere el Gobierno del cambio hacer de Colombia una potencia de la vida, como defiende en su Plan Nacional de Desarrollo? Pues, que empiece por la región Caribe donde no es posible hablar de seguridad humana, justicia social ni derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización o acción climática, si no se solventa cuanto antes el drama que supone cada mes abonar unas tarifas con las que no es posible hacerle el quiebre a la pobreza energética.

Revisen: en 2022 y en lo que va corrido de este año, las ciudades de la Costa aparecen invariables en las primeras posiciones del ranking de los aumentos más considerables, y absurdos, en materia de tarifas a nivel nacional. 

Pese a las recetas probadas por la Ministra de Energía, Irene Vélez, entre ellas la firma del Pacto por la Justicia Tarifaria, la realidad demostró que si no se actúa directamente sobre el componente de pérdidas, la reducción en el valor del servicio es imperceptible para los usuarios.

Conviene, entonces, aprender de las lecciones de esta recurrente crisis de los últimos dos años, desde que empezó a escalar la tarifa provocando desconcierto general. En el epicentro del debate, como una solución razonable, aparece el fondo temporal que tendría una inversión de 8 a 10 billones de pesos, con recursos del presupuesto nacional, para financiar cinco años el déficit asociado a las pérdidas, mientras se ejecutan las inversiones necesarias que equilibren la situación de la Costa con la del resto del país.

No faltarán quienes estimen que es una salida demasiado onerosa para la nación. Reacción lógica, pero equivocada porque claramente no resulta sencillo, rápido ni eficaz hallar una solución viable a un problema enrevesado, que arrastra mucho tiempo y tiene, además, una dimensión tan particular.

Si desde el Ejecutivo no se abordan resoluciones pragmáticas, porque ha quedado claro que alcaldes ni gobernadores disponen de ellas, la próxima tormenta energética que se abata sobre la región será peor que la anterior, afectando de lleno a sus habitantes. Lo cual sería llover sobre mojado al no haberse actuado a tiempo, como tantas otras veces por culpa del imponderable centralismo.

Que no sea un nuevo callejón sin salida en el que gobiernos locales o congresistas no den la pelea ni tampoco la talla.