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El Editorial | Demanda lesiva para el Atlántico

La demanda del Grupo Aeroportuario del Caribe, por $720 mil millones, constituye un duro e inesperado golpe con consecuencias impredecibles. Esta pretensión, que amenaza la continuidad de las obras en el Cortissoz, exige unidad de los distintos sectores de Barranquilla y Atlántico.

Luego de conocerse la demanda presentada por el Grupo Aeroportuario del Caribe, concesionario del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que pretende una compensación de $720 mil millones, el futuro de la terminal aérea es incierto. Sobre todo porque el consorcio, conformado por tres firmas –Valorcón, Equipo Universal e Inversiones Milenium Azcipos–, con su reclamación busca dar por terminado el contrato de concesión, estipulado hasta 2035, o restablecer el equilibrio financiero del mismo que, según el operador, ha sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de covid-19 que han hecho “inviable” su ejecución. Sería nefasto para la economía de Barranquilla y el resto del Atlántico que la modernización y ampliación de las instalaciones aeroportuarias, concebidas para garantizar espacios cómodos y funcionales a los viajeros y para aportar competitividad al territorio, queden en un limbo que detenga la apuesta del departamento por fortalecer sus conexiones aéreas con los mercados doméstico e internacional. Claramente, la pretensión de estas firmas constituye un duro e inesperado golpe para la región con consecuencias impredecibles.

Echando la vista atrás, es conveniente recordar que el proyecto para potenciar el complejo aeroportuario, cuyo contrato se suscribió el 5 de marzo de 2015 por $610 mil millones, ha afrontado una serie de contratiempos que sin duda han impactado el cronograma de las obras. Entre ellos, el célebre episodio de la peluquería que se resistía a ser reubicada. Pero ninguno ha tenido la complejidad de este. Ante la “imposibilidad de obtener financiación para culminar con las intervenciones”, en otras palabras tras quedarse sin recursos para hacer frente al resto de las fases de modernización con las que se comprometió hace más de seis años, el propio concesionario decide ahora dar un paso al costado, presentando una demanda contra el Estado colombiano en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo hace además por un monto que excede en $110 mil millones el valor del contrato. Es aquí donde las cifras no cuadran. Sería deseable que los representantes del Grupo Aeroportuario del Caribe no solo explicaran, con lujo de detalles, su determinación de interponer este recurso con todas las implicaciones que conlleva, sino que también aclararan –sin ambages– porque si han invertido, según sus palabras, $400 mil millones en las obras, hoy están pidiendo una compensación de $720 mil millones. Es clave que les revelen a los ciudadanos, en especial a los gremios económicos y a las autoridades, que tantas veces salieron en su defensa, cuáles son todos los intereses implicados en su decisión.

A la espera del trámite de contestación de la demanda y sin anticipar la discusión por respeto al debido proceso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le dijo a EL HERALDO, en un concepto inicial, que no existe causal de terminación ni desequilibrio económico del contrato de concesión. Argumenta que “las condiciones de incumplimiento en la ejecución de las inversiones y de obtención de financiación no son atribuibles a la covid, sino que son imputables al concesionario”. Una posición razonable que además es consecuente con los procesos sancionatorios que la entidad adelanta por los retrasos en las obras a cargo del operador. Más allá de las consideraciones del Grupo Aeroportuario del Caribe que sustenta su decisión en el cierre del Cortissoz ordenado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del virus, lo que dicen les generó afectaciones “por tráfico y pérdidas de ingreso”, los trabajos de ampliación y modernización del aeropuerto debían entregarse en marzo de 2020, para recibir a los asistentes a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ciertamente, la irrupción de la pandemia obligó a la suspensión del evento internacional, pero el Cortissoz no estaba listo. Un año después, en marzo de 2021, el evento internacional se llevó a cabo y, una vez más, el aeropuerto –pese a estar operativo– no se encontraba terminado. Señales de alarma que no se supieron leer. 

Barranquilla necesita un aeropuerto eficiente, bien conectado internacionalmente y que se ajuste a sus proyecciones económicas. El Cortissoz hoy no lo es. Es prematuro, sin haber agotado todas las fases de este proceso –en el que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también prepara una estrategia–, saber qué ocurrirá con la millonaria demanda. Pero ningún sector de la dirigencia política, económica y social del Atlántico se debe resignar a una posible parálisis de las obras. Urge exigir, ante el Gobierno nacional, una salida concertada que privilegie las necesidades de todos frente a los intereses de unos pocos. Desde EL HERALDO nos sumamos a las voces que reclaman acciones de fondo para despejar las trabas alrededor de este proyecto del que depende buena parte de nuestro futuro.

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