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El Editorial | Curaduría en riesgo, ¿quién resuelve?

Los retrasos en el empalme de la Curaduría Urbana N° 1 de Barranquilla revelan una agria batalla jurídica por el cargo que ha provocado la intervención de la Supernotariado y la Alcaldía. Sin embargo, no hay humo blanco y algunos servicios podrían estar prestándose sin garantías.

La disputa por el control de la Curaduría Urbana N­°. 1 de Barranquilla pone en riesgo la prestación de sus servicios por el retraso en el empalme entre los curadores, entrante y saliente. Con preocupación, la Superintendencia de Notariado y Registro señala que Jaime Fontanilla, a quien se dirige como excurador urbano, no ha inciado el trámite con su reemplazo Guillermo Ávila Barragán, ni tampoco ha entregado los archivos, por lo que requiere a Fontanilla para que de “forma inmediata” lo haga. En un sentido más específico, le pide “abstenerse de prestar el servicio, de recibir pagos por concepto de expensas y de suministrar información telefónica, excepto para indicar que los trámites de licencias que se adelantaban en esa curaduría hasta el 7 de septiembre deben continuar con el curador entrante”.

Sus peticiones buscan evitar inducir a errores o a confusión a los usuarios de la curaduría frente a los servicios que de ahora en adelante deberá prestar Ávila Barragán. Desde una perspectiva jurídica, la Supernotariado ampara sus requerimientos en la “facultad que tiene para ordenar las medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales en la prestación del servicio a cargo de los curadores”. Al buen entendedor, pocas palabras.

Este episodio por el control de la Curaduría Urbana N° 1 de Barranquilla, convertido en una prolongada batalla jurídica, se remonta a octubre de 2020. En ese momento se realizó la prueba escrita de conocimientos, de carácter eliminatorio, como parte de un concurso de méritos de la Superintendencia de Notariado y Registro para designar curadores a nivel nacional. En la convocatoria participó el excurador Armando Guijarro Daza, quien –tras no aprobar– solicitó la reevaluación de su prueba. La contrastación manual de los técnicos de la Universidad Nacional –operadora del proceso– no detectó inconsistencias y por tanto confirmó el puntaje y el estado de no aprobado. En diciembre de 2020, una tutela interpuesta por Guijarro Daza, en la que pedía proteger sus derechos constitucionales que consideraba vulnerados, fue rechazada por improcedente, por un juzgado de Barranquilla. Desde entonces, mucha agua ha corrido debajo del puente en este controvertido proceso que se ha puesto, una y otra vez, en el ojo del huracán, desatando un intenso cruce epistolar entre denunciantes y entidades involucradas.

De un lado, una veeduría ciudadana advirtió sobre supuestas irregularidades en el proceso de verificación de requisitos de Guillermo Ávila Barragán. Luego de ser evaluados, Función Pública indicó que sí cumplía con lo exigido por la norma. Casi en forma paralela, el abogado de Guijarro Daza pedía a la Supernotariado revisar la hoja de vida de Ávila Barragán señalando que no cumplía con la experiencia requerida, un motivo para ser expulsado del concurso. Nuevamente, Función Pública lo desestimó. En ese tire y afloje, la entrevista entre los aspirantes se aplazó hasta junio, y en julio cuando se conoció la puntuación final a favor de Ávila Barragán llegó una nueva tutela de Guijarro Daza, que fue otra vez declarada improcedente. Pero ahí no terminó todo.

Después de que la Alcaldía de Barranquilla designara a Ávila Barragán en el cargo, mediante Decreto 0156 de agosto 5 de 2021, y que este se posesionara el 7 de septiembre, ese mismo día la fiscal 28 de la Administración Pública envió una carta al alcalde Jaime Pumarejo para informar que el recién posesionado curador está denunciado penalmente por Armando Guijarro Daza, un proceso en etapa de indagación.  Con esta información en la mano y aplicando la “excepción de inconstitucionalidad”, el saliente curador Jaime Fontanilla, en carta al alcalde, señaló que se abstiene de dar cumplimiento al empalme y de entregar documentos hasta que la autoridad penal decida sobre la denuncia, al tiempo que se declara convencido de que “jamás debió dársele posesión” a Ávila Barragán. A renglón seguido, el curador entrante pidió al saliente concretar fecha para el empalme, pero este le respondió que espera comunicación de la Supernotariado, la Alcaldía y la Fiscalía para proceder. El Distrito insistió en que se debe avanzar en el empalme, lo propio la Supernotariado. Pero hasta ahora, eso no ha ocurrido.

Pese a las decisiones judiciales o a las normas administrativas a las que apelan, con insistencia, los involucrados en el caso, para amparar sus actuaciones, queda un mal sabor frente a los hechos alrededor de la sucesión en el cargo, decisivo en el trámite y expedición de licencias de urbanismo y construcción, lo que le otorga extraordinaria relevancia. Cuanto antes, deben darse las señales adecuadas para que no queden en la ciudadanía dudas acerca de la transparencia del proceso. Ni Barranquilla ni los usuarios de la curaduría deben seguir, por más tiempo, en esta perniciosa incertidumbre.

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