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El Editorial | Corrupción que se reinventa

Comienzan a encajar las piezas del rompecabezas alrededor del contrato entre Centros Poblados y Mintic. Luego de la detención de tres de los principales implicados, se conocen los alcances de este entramado acusado de corrupción, en el que otros de sus participantes ‘prendieron' el ventilador.

 

Que la Fiscalía General demuestre con material probatorio – documentos, correos, chats de Whatsapp y testimonios de testigos clave– cómo operaba la red de corrupción orquestada alrededor de Centros Poblados resulta imprescindible para esclarecer este turbio episodio en el que vuelve a aparecer el ‘cerebro’ del carrusel de la contratación en Bogotá. Es inevitable recordar cómo este tristemente célebre entramado de sobornos, pago de comisiones ilícitas, desvío de fondos, cesiones irregulares y sobrecostos, planeado y ejecutado por una verdadera “empresa criminal”, causó un histórico detrimento patrimonial al Estado colombiano. Pese a que la justicia condenó a la mayoría de los implicados, muchos de los cuales aún siguen presos, y que las obras afectadas fueron terminadas, el dinero no se recuperó en su totalidad. Una desvergüenza que debería evitarse en este caso, en el que el Ministerio de las TIC pagó $70 mil millones de anticipo a la unión temporal por conectividad en escuelas rurales del país.

Las revelaciones de la fiscal de la Unidad Anticorrupción no dejan lugar a equívocos frente al plan urdido para que Centros Poblados se quedara con el contrato de $1,3 billones en la licitación pública de Mintic, a pesar de que no contaba, como se ha insistido, ni con la experiencia exigida ni con la capacidad financiera de respaldo para blindarse frente a eventuales contingencias. La evidencia probatoria revela el paso a paso de los movimientos del habilidoso contratista Emilio Tapia Aldana, figura central del escándalo, para asociar a tres de las empresas que conformarían la unión temporal, asumir su manejo a través de terceros y asegurar el contrato con la presunta falsificación de tres pólizas: la que amparaba el buen manejo del anticipo, la que garantizaba el cumplimiento general del mismo y la que respaldaba el pago de salarios y prestaciones sociales. Puro trabajo de filigrana soportado en sus bien extendidas conexiones personales y empresariales.

Llegar hasta ese punto, de acuerdo con la Fiscalía, demandó el concurso de otros actores, tan astutos como el zar de la contratación, como se le conoce a Tapia. Entre ellos, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados –cuya firma aparece en el falso documento de garantía bancaria presentado al Ministerio de las TIC-, y Juan José Laverde, directivo de la firma Rave Agencia de Seguros – señalado de obtener, mediante una tercera persona, la oferta falsa–. Ninguno de los tres aceptó los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal imputados por la fiscal, que denunció maniobras del propio Tapia y de Laverde para evitar la revocatoria del contrato por incumplimiento, así como presiones a Jorge Alfredo Molina, uno de los supuestos tramitadores de los documentos falsos, para que se inculpara, liberándolos del proceso penal en curso.

Cada nueva revelación en este sonado caso ha permitido armar, pieza a pieza, el complejo rompecabezas de un “engaño” que, según la fiscal anticorrupción, indujo a “error” a los funcionarios del ministerio en la adjudicación del contrato. Por el momento, las pruebas indican que Tapia y sus socios no solo faltaron a la verdad, ocultando pruebas u omitiendo datos, sino que además obraron con “pleno conocimiento” de sus actos, lo que demanda una respuesta contundente de la justicia. Ojalá en el propósito de que estos hechos no vuelvan a presentarse. Sería el escenario deseable o ideal, pero la realidad indica lo contrario. Inexplicablemente, los condenados por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado –por corrupción– siguen contratando con este, aunque la Constitución diga que no se puede hacer. No será fácil abordar el tema, pero este es un debate que, sin apasionamientos ni mezquindades políticas, el país debe dar si quiere enfrentar a las poderosas mafias de la contratación estatal capaces de reinventarse una y mil veces. Ahora bien, la cuestionable actuación de los implicados, incluso de quienes están colaborando con la justicia, no exime de su responsabilidad a exfuncionarios de Mintic que deberán responder en juicio disciplinario ante la Procuraduría por supuestas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato.

Más pronto que tarde se empieza a conocer la verdad acerca de este iceberg de corrupción del que apenas vemos una parte. Como pedía la dimitente ministra Karen Abudinen, hay que poner la mirada en los verdaderos responsables, sobre todo en los que todavía permanecen “mimetizados tras sus protectores y patrocinadores políticos”. Así que esperamos de los entes de control acciones concretas en plazos que no pueden ser indefinidos.

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