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El Editorial | Canal del Dique

La puesta en marcha del proceso de contratación para la megaobra es una buena noticia, de la que se requerían avances concretos y ahora hay que pasar del dicho al hecho, después de más una década de hablar de este proyecto.

Lo anunciado por el presidente Iván Duque, durante el acto de instalación del Congreso de la República, puso el foco en una de las megaobras más esperadas en el Caribe colombiano, el nuevo Canal del Dique. En su discurso, el mandatario se comprometió a poner en marcha la iniciativa, que no dudó en calificar como el “proyecto más importante de adaptación al cambio climático que se hará en América Latina en los próximos años”.

Además, destacó los beneficios para la competitividad y sostenibilidad de varios departamentos afectados, año tras año, por el invierno, y se expresó optimista por la contribución que hará a la descontaminación de la bahía de Cartagena. 

Es sin duda una buena noticia, de la que se requerían avances concretos, y ahora hay que pasar del dicho al hecho, como anhelan millón y medio de habitantes de ese amplio sector de la Costa, que confían en que la recuperación del corredor fluvial, del que se lleva hablando más de una década, ayude a mejorar su calidad de vida.

Precisamente, uno de los principales propósitos de este proyecto, en el que se invertirán $2,8 billones, es regular –mediante la construcción de dos sistemas de esclusas o compuertas en Calamar y Puerto Badel– el ingreso de caudales al canal y mejorar la navegabilidad entre la bahía de Cartagena y Calamar, en la ribera del río Magdalena, a lo largo de 117 kilómetros. Estas intervenciones facilitarán el transporte de personas y productos en embarcaciones y barcazas de hasta 7.200 toneladas de carga, una capacidad similar a la de 206 tractomulas de 35 toneladas cada una.  

Vale reconocer que la APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, como se llama el megaproyecto, tiene un doliente que ya está al frente de la actual etapa de estructuración, iniciada a finales de junio con la apertura de la precalificación de las firmas interesadas en participar, y que se cerrará el 16 de diciembre. También a finales de este año debe estar definido el escenario financiero del proyecto, en el que invertirán recursos del Presupuesto de la Nación, del concesionario y regalías de los departamentos involucrados.

La vicepresidente Martha Lucía Ramírez realiza el seguimiento del proceso, incluida la articulación de las distintas entidades del orden nacional, que reciben acompañamiento del Banco Mundial. Esta entidad presta, desde marzo de este año, asesoría técnica, legal e institucional de manera gratuita en temas financieros, ambientales, agrarios y sociales, entre otros, y en las próximas semanas entregará a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, sus recomendaciones finales y sugerencias de buenas prácticas, transparencia y eficiencia. 

Aspectos claves para construir confianza y tender puentes con las comunidades de al menos 20 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, con las que la ANI dará comienzo al proceso de consultas previas, estableciendo un diálogo de al menos 6 meses, mucho antes de que el contrato sea adjudicado. Un paso fundamental en el cronograma previsto, que contempla tener en febrero de 2021 el listado definitivo de las firmas interesadas para abrir la licitación a más tardar en el primer semestre de ese año. Una vez suscrito el contrato, el periodo de preconstrucción se tomará 18 meses y el de la construcción, como tal, tendrá un plazo máximo de 51 meses.

Si no hay mayores inconvenientes, la obra estará lista en 2028, cuando arrancaría la vigencia del contrato de concesión por 15 años. Esa fecha final de entrega dependerá en buena medida de los sobrecostos, imprevistos y cuantificación de riesgos, entre otros aspectos que un panel de expertos elaborarán, durante los próximos meses, teniendo en cuenta que en el país no existe información histórica sobre este tipo de proyectos. 

Mientras se avanza en la definición de los términos para ejecutar el nuevo Canal del Dique, que generará en su construcción cerca de 8 mil empleos para los moradores de la zona, el SENA prepara cursos de formación en tecnologías y modos fluviales para capacitar a los habitantes del Caribe y así ofrecer mano de obra local al futuro operador. Pensar en todo es esencial. También en turismo. 

Esta megaobra no da espera. El actual corredor fluvial tiene sus días contados si no se somete a intervenciones ambientales y estructurales que eviten su colapso. El nivel central tiene enormes deudas pendientes con el Caribe y esta es una de ellas.

Sacar adelante el nuevo Canal del Dique, que requiere un inversionista muy especializado con conocimiento y experiencia en intervenciones fluviales con un importante componente medioambiental, no será fácil, pero si el actual Gobierno quiere cumplir su ‘Compromiso con el Crecimiento Limpio para producir conservando y conservar produciendo’ debe ofrecer condiciones atractivas a los interesados, entre ellas el respaldo público del proyecto.

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