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El Editorial | ¿Debe ser la vacunación obligatoria?

Los índices epidemiológicos siguen bajo control en el país, donde el 50 % de la población ha recibido al menos una dosis. Pese al llamado a inmunizarse, crece la pandemia de no vacunados. Es tiempo que se evalúen los riesgos de quienes ya se vacunaron y se tomen medidas.

Colombia acaba de recibir más de tres millones de dosis de AstraZeneca y de Sinovac con las que espera retomar el buen ritmo de vacunación, ralentizado durante las últimas semanas por la escasez de vacunas. Adicionalmente, esta semana llegarán 1,2 millones de dosis de Moderna para acelerar y administrar segundas dosis pendientes. Luego de evaluar los distintos escenarios, el Gobierno nacional insiste en que se podrá alcanzar la inmunidad colectiva, más de 35 millones de personas con esquema completo, al cierre de este año. Indudablemente, una proyección optimista, pero realizable si continúan llegando suficientes vacunas. Sin embargo, el cuello de botella del Plan Nacional de Vacunación, que luego de siete meses ha inmunizado con esquema completo a 15,7 millones de personas mayores de 12 años, radica en quienes se resisten, por las razones que sean, a ser vacunados. Otra pandemia que atender.

Es indiscutible que debido a la aparición de nuevas variantes mucho más transmisibles como delta, circulante ya en varias regiones del país, se necesitará una tasa de inmunización significativamente mayor para lograr plena reactivación económica y social. Pero también es cierto que un número considerable de ciudadanos, entre 20 % a 40 % de la población convocada a vacunarse, definitivamente no lo hará por decisión propia, a pesar de que inmunizarse sea la mejor herramienta para enfrentar la pandemia. Lo que ocurre en Colombia, donde 2,5 millones de personas de alto riesgo, entre ellas adultos mayores de 50 años, pacientes con comorbilidades y mujeres gestantes, aún no se han vacunado –aunque podrían haberlo hecho desde hace meses-, no es distinto a lo que sucede en otros países, cuyos programas de vacunación se estancaron, porque sus ciudadanos se niegan a aplicarse los biológicos. Ni mensajes sobre la eficacia y seguridad de las vacunas ni incentivos económicos han funcionado con los más renuentes.

En Estados Unidos, por ejemplo, cerca de 80 millones de personas, que cumplen los requisitos para inocularse, no lo han hecho; mientras las hospitalizaciones y muertes siguen al alza por delta. Ante semejante panorama, no es de extrañar que el presidente Joe Biden se declare “frustrado” y anuncie, para frenar los contagios, vacunación obligatoria de todos los empleados del Gobierno federal, un total de 2,1 millones; al tiempo que exige a las empresas privadas que sus trabajadores tengan el esquema completo o, de lo contrario, muestren una prueba con resultado negativo una vez por semana. La decisión de Biden, no exenta de polémica, ha desatado un intenso debate político, jurídico y hasta religioso por sus implicaciones en materia de libertades y derechos, dentro y fuera del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que no es partidaria de la vacunación obligatoria y convoca a los líderes mundiales a buscar mecanismos para convencer a los reticentes, pero si la disuasión falla, ¿los vacunados y sus familias o las empresas deben asumir el costo de la minoría que decide no hacerlo?

En naciones europeas, como Italia o Francia –donde la vacunación es obligatoria para el personal de salud- los no inmunizados son sometidos a restricciones para entrar a restaurantes, museos, cines o escenarios deportivos. Deben enseñar un carné o una prueba negativa. Una medida disuasiva que ha resultado insuficiente. En Alemania, solo el 62 % de su población priorizada está hoy totalmente inmunizada. Por eso, ante la llegada del invierno que podría desatar una cuarta ola, les quedan dos caminos: infección o vacunación. La dirigencia política, a la que se le empieza a acabar la paciencia –como le pasó a Biden– considera la adopción de normas más excluyentes para los no vacunados, aunque no se plantea, por el momento, la obligatoriedad.

Entramos en un momento decisivo. Con dosis disponibles en los puestos de vacunación, se sabrá si el plan retoma la marcha y amplía su cobertura. Es lo deseable para asegurar la protección de la mayor cantidad de personas. De igual manera, es conveniente que el Gobierno nacional empiece a considerar el uso que le dará al Certificado Digital de Vacunación, para incentivar o motivar la inmunización de los indecisos. Los empresarios colombianos, por su parte, ponen sobre la mesa la obligatoriedad de vacunar al sector productivo. Vale la pena evaluar las opciones posibles, atendiendo la reglamentación laboral vigente, pero sin perder de vista la apremiante necesidad de proteger la vida de la población para recuperar estabilidad.

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