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La reforma a la salud del petrismo arrancó en forma, justo cuando la iniciativa naufragaba en la Comisión Séptima del Congreso, donde finalmente se hundió. La peor derrota de este Gobierno. Pero que nadie se equivoque. Esto no se trata de un galimatías para añadir más confusión al tenso momento institucional que encaramos, sino que corresponde a una jugada maestra de revanchismo político orquestada al más alto nivel por los que entienden el poder como un ejercicio de confrontación de largo alcance, en el que no cabe construir acuerdos ni consensos, tampoco buscar equilibrios con quienes están en la orilla de enfrente. Solo queda, susto o miedo.

La intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, inicialmente, a la EPS Sanitas, que ha dejado en vilo a sus 5,7 millones de usuarios, y, horas después, a la Nueva EPS, que tiene 10,5 millones, solo es comparable a un sismo de magnitud considerable, incluso en el escenario de convulsiones nacionales cotidianas al que nos acostumbró el Ejecutivo desde hace casi 20 meses.

Este ha sido el primer paso, pero con seguridad no será el último que el Gobierno dará en su propósito no disimulado de estatizar todo lo que sea posible el sistema de salud al que satanizó desde el día uno, a tal punto de debilitar aún más, por activa y por pasiva, su erosionada situación económica agudizada desde la pandemia.

Arrinconar a las EPS ha sido la punta de lanza de su estrategia que hoy soporta en incumplimientos de requisitos financieros y elevadas cantidades de peticiones, quejas y reclamos para intervenirlas. Ninguna novedad en un sistema que afronta una crisis de fondo.

Quizás porque cuando el río suena es porque piedras lleva, a algunos intérpretes de la vieja retórica del populismo, la que se arroga la defensa del pueblo -por las buenas o por las malas- para imponer su autárquica visión de la realidad, no les sorprendió el desembarco del superintendente Luis Carlos Leal en Sanitas.

Era cuestión de tiempo para que se produjera, a tenor de los álgidos desencuentros de los últimos meses entre el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y las directivas de la entidad, que habían encendido alarmas sobre el deterioro del sector, por insuficiencia de recursos y la falta de voluntad del Ejecutivo, para buscar acuerdos que recondujeran la crisis o conjuraran el colapso que, luego de lo sucedido, se advierte verosímil.

Hasta ahora los hechos inevitablemente encadenados han instalado un ambiente denso, cargado de desconfianza e incertidumbre por el malogrado pasado del Gobierno como administrador de servicios de salud.

Las asociaciones de pacientes, en particular las de enfermedades crónicas, de alto costo o huérfanas, en pie de lucha por un derecho tan fundamental como la vida misma, temen que nos dirijamos hacia el principio del fin del sistema de salud, tal como lo conocemos, tras la colonización del sector que ha emprendido el Gobierno, hoy el único responsable de asegurarles ese derecho a casi 25 millones de ciudadanos después del control que asumieron.

Su alegato, el de los pacientes, que resulta imprescindible escuchar, también advierte que la intervención de una EPS, así está demostrado, no es garantía de mejor atención en términos de calidad, oportunidad y accesibilidad para los usuarios, ni tampoco resuelve los problemas estructurales del sector.

Por el contrario, insisten en que intervención es sinónimo de inestabilidad y, más temprano que tarde, de liquidación. De ahí sus recelos, compartidos por distintos grupos, ante el mensaje de normalidad entregado por el supersalud, a quien le exigen que su decisión no se traduzca en barreras adicionales para millones de pacientes que ya sortean demasiadas hasta obtener la atención requerida, en medio de las deudas que crecen con los prestadores de servicios y proveedores o la aún irresoluble escasez de medicamentos que Invima confirma a regañadientes.

Queda claro que esta operación en curso, perfectamente organizada, no tiene vuelta atrás. Poco o nada le interesan al Gobierno las voces que hablan de una expropiación arbitraria, califican como antidemocrática su intervención a la salud, denuncian la politización grosera de la superintendencia o recogen el desconcierto de usuarios que no soportan un traslado más.

El relato del Ejecutivo en forma de misil contra el sistema lo hundió en el descrédito, cuota inicial para tramitar la reforma que, al final, tras su hundimiento, igual impondrá en su esencia, como precisó el presidente Petro. ¿Qué vendrá tras el sectarismo? ¿Una constituyente? Difícil saberlo.

Por lo pronto, nos adentramos en un escenario impredecible, lo más cercano a la ley de la selva, en el que los argumentos, los consensos y la verdad han dado paso a lo incierto, las disputas a granel y las ambigüedades. Que alguien se acuerde cómo es que funciona una democracia sólida.