La muerte de dos menores de edad producto de ataques sicariales en la última semana en el Atlántico, puntualmente en Soledad y Barranquilla, no puede convertirse en un número para las estadísticas y mucho menos en un paisaje común al que debamos acostumbrarnos. Mucho menos si, al revisar todo el 2023, la cifra de niños y adolescentes asesinados en medio de las balas criminales disparadas contra adultos asciende a 18.
Es aterrador que nuestros menores de edad estén tan expuestos a todo tipo de violencias. Parece increíble tener que registrar que un niño como David de Jesús Molina, de solo 12 años, recibiera varios disparos cuando estaba sentado en la terraza de su casa en el barrio Prado Soledad en compañía de un hombre contra quien, al parecer, iba dirigido un ataque sicarial.
La muerte de David despertó el rechazo y la solidaridad de la comunidad educativa de varios colegios que salieron a las calles de Soledad 2000 y la Ciudadela Metropolitana en protesta por su asesinato y para exigir justicia en este caso.
En la edición del domingo, EL HERALDO recopiló los casos más sonados de este año en los que los niños, infortunadamente, han sido protagonistas del despiadado actuar de sicarios al servicio de los grupos armados ilegales, que al momento de cobrarse cuentas o rencillas disparan sin contemplación y sin importarles en lo más mínimo la vida de víctimas inocentes que nada tienen que ver con sus actuaciones criminales.
Las autoridades consultadas por esta casa editorial aseguran que las investigaciones en relación con las muertes de estos 18 niños y adolescentes están priorizadas. Ojalá que haya resultados pronto, pero sobre todo, y es lo que reclama la ciudadanía, que se intensifiquen las ofensivas para capturar a los responsables y llevarlos tras las rejas de una cárcel.
Esto es lo que le compete a las autoridades, que deben procurar por brindar y garantizar entornos seguros para las comunidades de Barranquilla y los municipios del área metropolitana, sobre todo en Soledad, que se ha convertido desgraciadamente en el epicentro del crimen y también en el del mayor número de casos de menores muertos a manos de sicarios.
Otra cosa son las acciones de protección que también tienen que generar los cuidadores y familias para reducir los riesgos para ellos, pues, de acuerdo con las informaciones recabadas por los investigadores, en buena parte de los casos en los que han asesinado a menores los ataques estaban dirigidos contra familiares o amigos con quienes compartían en sus casas o en sitios cercanos de sus barrios de residencia.
La historia se ha venido repitiendo en distintos sectores: San Vicente, Terranova, Viña del Rey (dos casos), Villa del Carmen II y en Barranquilla en la puerta del cementerio Jardines de la Eternidad del Sur el pasado martes 18 de julio, cuando una menor de 15 años fue baleada al abrazarse con quien sería su hermana y pareja de la persona que estaba siendo sepultada ese día y que también habían asesinado a bala el fin de semana anterior en Santa Marta.
Cada caso solo deja de presente que la vida de niños y adolescentes está cada vez en mayor riesgo, que la demencial criminalidad que se concentra en el área metropolitana de la ciudad demanda acciones integrales porque los inocentes, ni aquí ni en ninguna parte, pueden continuar desprotegidos, obligados al encierro, que tampoco es garantía, para poder cuidar sus vidas.
La vida es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y sobre todo si de niños se trata, pues sus derechos priman sobre el de cualquier otra persona. No bastan las recompensas, no bastan los rechazos y los pronunciamientos. La seguridad es una prioridad que los ciudadanos no están sintiendo privilegiada, así que es necesario desplegar todas las acciones y recursos para la protección de la vida y para la tranquilidad de todos.
