La ONU confirmó lo que era un secreto a voces. En 2022, los cultivos de coca aumentaron 13 % en el país hasta las 230 mil hectáreas, la segunda mayor cifra histórica desde que el organismo internacional hace esta medición y, siendo honestos, al paso que vamos, tampoco sería el último récord al alza. Ojalá me equivoque. En el detalle del informe entregado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), otras 26 mil hectáreas se sumaron a las 204 mil que en 2021 ya habían convertido al país en un mar de coca.

No hace falta ser un avezado analista para comprobar que las regiones donde más crecen las áreas sembradas son las mismas donde las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) han fortalecido su presencia criminal. Son 185 municipios de un total de 1.122, casi todos ubicados en tres departamentos fronterizos que concentran el 65 % de las zonas cultivadas: Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde el incremento fue de un alarmante 77 %.

A la vista del crecimiento de los cultivos, la alerta también corre por cuenta de otro aumento: el de la producción potencial de cocaína que el año pasado fue de 24 %: 1.738 toneladas, cuando un año atrás fueron 1.400. Dicho de otra manera, el negocio florece, pese a la caída de la demanda internacional, y Colombia procesa cocaína “en zonas con mayores productividades”. Como si este panorama no fuera lo suficientemente preocupante, la ONU también señala que incautaciones de cocaína (659 toneladas), así como el desmantelamiento de laboratorios (4.707) bajaron. Se pueden aportar otros datos, pero todos ponen de manifiesto que esta es una lucha que, por donde se mire, se está perdiendo. Y no de ahora en el actual Gobierno, desde hace rato.

Coincidiendo con el informe de la ONU, lanza el Ministerio de Justicia su nueva política de drogas para intentar cambiar o, por lo menos, tratar de mejorar lo que se ha venido haciendo de manera infructuosa de tiempo atrás. Su diagnóstico acierta cuando precisa que la concentración y la persistencia son realidades vinculadas al fenómeno de la coca. En los últimos 20 años, el Estado ha invertido $76 billones en esta lucha sin lograr reducir la oferta ni la demanda. Si bien es cierto que entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843 mil hectáreas de coca, también lo es que el área sembrada en ese lapso aumentó 327 %. No solo crecen las zonas cultivadas, de igual forma lo hace el consumo, que pasó de 5,1 % a 8,7 %, entre 1996 y 2019. Nadie puede negar la necesidad de que se fortalezca el enfoque preventivo de salud, de atención y tratamiento de personas.

Algo, o mucho, no funciona en la estrategia antidroga implementada en zonas inundadas con coca, donde las instituciones apenas existen, carecen de servicios esenciales y sus empobrecidas comunidades son revictimizadas continuamente por los violentos. Este diagnóstico que no ha variado en los últimos años, si acaso empeorado en la medida en que más grupos ilegales ingresaron al mercado, fue el contexto en el que el Gobierno consensuó con los habitantes de esos territorios la nueva política, que sitúa a las personas y al ambiente en el centro de este problema transnacional que demanda corresponsabilidad para contener su innegable expansión.

Zanahoria y garrote. O lo que es lo mismo, oxígeno y asfixia, pilares del plan, para facilitar el tránsito de esta población hacia economías licitas y transformar las condiciones de sus territorios, mientras se lucha contra las organizaciones criminales. La meta es reducir 90 mil hectáreas a 2026: 69 mil voluntariamente y 23 mil de manera forzosa. Las primeras corresponden a áreas de pequeños cultivadores, definición que hará el Consejo Nacional de Estupefacientes. Serían unas 50 mil familias campesinas las que deben comprometerse a erradicar. Si no cumplen o las extienden, cambiará el trato. No será fácil que rompan su dependencia de la ilegalidad. Si el Estado no las acompaña ni procura su acceso a otras fuentes de ingreso estable, pero sobre todo, si no aleja de ellas el omnipresente control de los violentos seguiremos fracasando, por mucha voluntad de su parte. Faltan nuevas estrategias, urge avanzar hacia un desarrollo rural sostenible. También es imprescindible que la paz total logre parar las máquinas criminales que ganan dinero, mantienen control territorial y someten a poblaciones enteras. Una cosa no funciona sin la otra.