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El presidente Petro ha dicho que el proceso constituyente comienza ya. Lo que el país, aún atónito por su anuncio, se pregunta es hacia dónde nos conducirá la ambigua aventura del mandatario, quien luce decidido a no dar vuelta atrás, pese a que una suma de voces, incluso desde las toldas progresistas, insiste en que la Constitución de 1991, resultado de un consenso nacional sin precedentes en nuestra historia reciente, cuenta con las herramientas necesarias para hacer realidad las transformaciones sociales que él defiende como las banderas de su mandato popular.

Bastaría con gobernar, esforzándose por hacerlo bien y asumiendo que la arquitectura constitucional contempla un sistema de pesos y contrapesos para conjurar los abusos de poder.

De entrada, la propuesta abre un panorama incierto. Pone en riesgo su gobernabilidad al generar inestabilidad institucional y política, además de dilación e inmovilismo en la toma de decisiones o cuestiones clave de la administración pública. También confirma la dificultad, cuando no la imposibilidad, de alcanzar un acuerdo nacional o mínimos consensos con el Congreso para dar viabilidad a las reformas en trámite. Adicionalmente, hace más compleja su tensa relación con la Rama Judicial, los gremios económicos u otros grupos sociales, desconcertados hoy por su lógica.

Es evidente que la constituyente, también recibida por algunos sectores como una cortina de humo o un ‘globo’ distractor para enmascarar la farragosa gestión del Gobierno, o lo que es igual, su manifiesta incompetencia para ejecutar, ha sacudido el mapa político, cuál cataclismo. Pero esto no valida que la Constitución deba ser intervenida porque, como señala el relato de sus apóstatas, no ha sido útil, no se ha aplicado, ni ha logrado avances para consolidar la democracia.

Petro, activado en modo electoral como querellante u opositor, papel en el que se siente más cómodo que en el de gobernante, corrobora que es experto en marcar agenda política, movilizar a sus bases ideológicas e incitar a la confrontación con sus contradictores, de cara a obtener réditos electorales. Ahora sí no queda duda: la campaña de 2026 arrancó, los jefes de debate para conseguir votos están nombrados en cargos decisorios y las líneas maestras de la discusión en las que nos embarcaremos hasta entonces son las que señaló el jefe de Estado en su iniciativa.

El mandatario puso el foco en “problemas fundamentales” que asegura no han sido resueltos en las tres décadas en las que ha estado vigente la Carta Magna. Asuntos cruciales, paz, educación, justicia o agro, que, sin duda, bien podrían tramitarse mediante actos legislativos, pero consciente de que no cuenta con las mayorías en el Congreso para sacarlos adelante lanza la idea, como la calificó el ministro de Justicia. Como esta supone abrir una caja de Pandora, casi que por unanimidad ha concitado rechazo, por mucho que Petro haga ahora precisiones sobre la marcha.

Uno, dice que no busca cambiar la Constitución, entonces, ¿cuál es realmente el propósito de desatar semejante debate si no es para apostar por reformas de fondo? Dos, llamando a cabildos abiertos para que la gente decida parece allanar su camino saltándose la vía constitucional, que es la de tramitar un proyecto de ley en el Congreso: un esguince a la norma. Y tres, niega que quiera atornillarse en el poder, lo que ha desencadenado especulaciones, cuando no inquietud, entre quienes desestiman su afirmación al recordar que en 2018 firmó simbólicamente en piedra que no convocaría a una constituyente. Pues bien, acaba de hacerlo, así sea una idea sin claridad.

Tampoco parece haberla tenido el jefe de Estado cuando asegura en un arrebato delirante que empresarios reunidos en Barranquilla buscan recaudar $100 mil millones “para comprar votos si es que hay constituyente” y sacarlo del poder. ¿En serio, presidente? ¿Por qué estigmatiza de esa manera a esta ciudad lanzando una acusación temeraria e irresponsable, sin pruebas, con falsa apariencia de verdad? ¿Para qué, para sumar votos?

Usted ganó en el Atlántico en primera y en segunda vuelta en las elecciones de 2022, también en las de 2018. En la Plaza de la Paz lanzó en septiembre de 2021 su campaña en el acto de la famosa P, financiado por el Clan Torres, beneficiarios ahora de una contratación multimillonaria; Armando Benedetti era su mano derecha en ese momento; su hijo Nicolás, al margen de sus actuales líos judiciales, era diputado del departamento. ¿Qué clase de conspiración es esta? Haría bien en explicar en detalle por qué ha involucrado a Barranquilla.

Como de costumbre, el ruido de este insufrible ambiente de retóricas populistas, polarización fratricida, ebullición electoral in crescendo y un presidente eternizando sus conflictos contra quien cuestione su singular visión transformadora anclada en mafias, paramilitarismo y revanchas, resulta ensordecedor.

En su afán de quererlo todo y quedarse con nada, las pugnas de la política hastían a millones de ciudadanos inmersos en crisis sociales, económicas y de seguridad, sin solución a la vista y de las que nadie parece ocuparse. Sin remedio, hemos caído en el malévolo, pero conveniente juego, de dividir para reinar. Que alguien se acuerde de liderar.