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A los que saben hay que escucharlos, pero sobre todo se les debe hacer caso. Tras una atípica temporada de lluvias caracterizada por precipitaciones que han superado los rangos normales, el Ideam confirma el peligro que corren los habitantes del sur del Atlántico, donde el río Magdalena se sitúa por encima de los niveles que –para esta época- tenía en 2010, el fatídico año de la ruptura del Canal del Dique. Sin pretender anticipar el futuro, aunque ciertamente sus pronósticos lo orientan con acierto, la entidad advierte que las condiciones en ese territorio podrían empeorar a medida que se aproximen los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando se esperan los aguaceros más fuertes de 2022.
Otro argumento técnico sobre el crítico panorama enfrentado por los municipios del cono sur del departamento la ofrece el director del Observatorio del río Magdalena, Humberto Ávila. El académico le dijo a EL HERALDO que los altísimos niveles en la estación San Pedrito, punto de referencia en la zona, se acercan a las cotas de inundación e inclusive en algunos sectores se ubican ya por encima de ellas. Preocupa, entonces, la posibilidad de un desbordamiento, porque existen señales de que esto ocurra, pero además la situación amenaza con una erosión de los suelos por efecto de los chaparrones que caerán, y en esto coincide Ávila con el Ideam, durante los próximos meses y hasta casi el fin del año.
Todos los indicadores apuntan hacia la misma dirección. A que si no se articulan entre los diferentes niveles: nacional, departamental y local, medidas de atención para la inminente emergencia y adoptan planes de contingencia lo suficientemente robustos, que deberán además mantenerse activos todo el tiempo que haga falta, la actual crisis podría derivar en una catástrofe. De ese ilimitado dolor que entrañan las fatalidades del destino conocen de sobra los habitantes de Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Manatí o Repelón, entre otros municipios devastados por la anunciada tragedia del Canal del Dique en 2010, muchos de los cuales aún no se reponen de las innumerables pérdidas sufridas.
Casi 12 años después, su creciente angustia se sustenta, más allá de los informes técnicos de los expertos, en la observación constante de un río que no ha hecho otra cosa que aumentar de nivel durante las últimas semanas, al punto de metérseles en las casas, ahogar a sus animales e inundar sus cultivos. Desesperados, como también se encuentran los alcaldes municipales, a quienes el Gobierno central ha ignorado olímpicamente, estos humildes campesinos llevan varios días tomándose, por las vías de hecho, la carretera Oriental. Intentan llamar la atención, ser escuchados o encontrar soluciones, pero como ha sucedido en la región de la Mojana o en pueblos ribereños del Magdalena, Bolívar y Córdoba, donde se cuentan por miles los damnificados de la ola invernal, la respuesta del Ejecutivo nacional no termina de aparecer. Una vez más queda demostrado que, con impávida desidia, el centralismo les hace olvidar que llegar tarde es no llegar. ¿Será que estarán excesivamente ocupados con el empalme o no tendrán tiempo para detenerse a atender los infortunios de los habitantes de la costa Caribe porque ya van de salida?
Mientras la alerta roja por los incontenibles niveles del río se extiende desde El Banco, en Magdalena, hasta su desembocadura, como también en el Canal del Dique, consecuencia de los descomunales volúmenes de agua recibidos por las lluvias que no cesarán, el Consejo Departamental del Riesgo se mantiene en sesión permanente. Decreta acciones de vigilancia, ordena trabajos de mitigación, monitorea las orillas y le pone el acelerador al muro de contención que se construye en Santa Lucía. En tanto, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) intenta resolver un entuerto que se creía superado, para evitar la abusiva y delincuencial manipulación de las compuertas del Embalse del Guájaro. El tiempo apremia. No solo porque son demasiados los que estiman que las cosas van a ir a peor, sino porque las condiciones sobre el terreno así lo confirman. En ambos casos, es evidente que el desasosiego crónico en el sur del Atlántico seguirá dando mucho de qué hablar, al igual que de la ausencia de liderazgo del Gobierno nacional.