En la noche del lunes pasado, en un pequeño pueblo del Atlántico –Santa Cruz, corregimiento de Luruaco–, una turbamulta enceguecida por la ira incendió varias viviendas de una misma familia y linchó a uno de sus miembros. En la asonada murió además de un disparo un joven que se había acercado a la zona atraído por el bullicio.

El hallazgo del cuerpo descuartizado de un agricultor fue el ‘florero de Llorente’ que precipitó la reacción violenta de los vecinos contra el clan familiar conocido como ‘los Culebros’, al que llevaban mucho tiempo acusando de sembrar el terror en la localidad.

EL HERALDO comprobó la existencia de al menos cinco denuncias (una por homicidio, otra por lesiones personales, una por amenaza y dos más por daño a bien ajeno) contra integrantes de ‘los Culebros’ que quedaron en el olvido después de que el inspector de Santa Cruz las remitiera a la Fiscalía de Sabanalarga.

No pretendemos  siquiera insinuar que la actuación de los participantes en la asonada haya estado justificada por la falta de diligencia de las autoridades. Siempre hemos expresado nuestro rechazo rotundo a la aplicación de la justicia por la propia mano. Y en un editorial anterior ya planteamos la necesidad de que la justicia actúe también contra los cabecillas de los disturbios del lunes.

Lo que queremos es llamar la atención sobre las razones que subyacen en las explosiones colectivas de furia que se producen de manera periódica en nuestro país ante hechos que deberían tramitarse en instancias judiciales.

Este fenómeno requiere, sin duda, un análisis de fondo por parte de los expertos. De modo intuitivo, nos aventuramos a afirmar que un aparato judicial más eficaz contribuiría a reducir las posibilidades de que grupos de ciudadanos sean arrastrados a suplantar con violencia la función de los tribunales.

No podemos saber si una ágil tramitación de las cuatro denuncias contra ‘los Culebros’ hubiera evitado  el asesinato del labriego y la posterior asonada. Pero al menos habría quitado a los cabecillas de la revuelta el argumento de que no quedaba otra opción que la acción violenta ante la inacción de las autoridades competentes.

Ahora bien, más allá de la necesaria reflexión de fondo que quepa hacer sobre los sucesos de Santa Cruz, es de suma importancia que se aclare con rapidez qué sucedió con las denuncias interpuestas por vecinos del pueblo contra ‘los Culebros’ y su entorno.

Porque estaríamos ante hechos muy preocupantes si los funcionarios responsables de proteger a la población engavetaron unas acusaciones de semejante gravedad.