Solo 10 días separan la matanza racista de 10 personas, la mayoría de ellas afroamericanas, perpetrada por un joven supremacista blanco en un supermercado de Búfalo, del nuevo tiroteo mortal que conmociona a Estados Unidos. En esta oportunidad, las víctimas de la sinrazón, pero sobre todo de la falta de avances en el control de armas de fuego en ese país, son 19 niños menores de 11 años, además de dos de sus maestras, que sucumbieron ante las balas disparadas por el rifle de asalto AR-15 que el atacante, identificado como Salvador Ramos, se había regalado en su cumpleaños número 18, apenas una semana antes. La tragedia de la escuela de Robb, en Uvalde (Texas), estaba anunciada, como tantas otras.

Ninguna otra nación del mundo –ni siquiera de lejos- enfrenta una crisis social similar, a causa de las recurrentes masacres que se cobran cada año la vida de víctimas indefensas en sitios absolutamente impensables como escuelas, centros de trabajo o el espacio público. Solo este año, 77 tiroteos se han registrado en instituciones educativas de los Estados Unidos, donde los ataques son cada vez más recurrentes e incluso “contagiosos”, como aseguran investigadores que estiman un periodo de “infección” de cerca de 13 días durante los cuales es bastante probable que un hecho de esta naturaleza se repita. En esta ocasión, lamentablemente, acertaron. Ramos había anunciado su espantoso plan en redes sociales minutos antes de ejecutarlo, nadie lo notó. La búsqueda de notoriedad o fama es otro de los factores implícitos en estos gravísimos incidentes que devastan a familias y a comunidades enteras. 

Enfermedades sociales relacionadas con la incomunicación como la soledad, depresión, angustia, o el sufrimiento en sí mismo, al igual que patologías mentales están directamente asociadas a la ocurrencia de estas matanzas. Eso no se pone en duda. Pero, si el acceso a las armas de fuego estuviera regulado de manera estricta o existieran mecanismos de control, quienes padecen tales condiciones o no cumplen determinados requisitos sobre su idoneidad para portarlas, como ser sospechosos de violencia o hechos de terrorismo doméstico, no obtendrían tan fácilmente sofisticados elementos diseñados para matar gente a semejante velocidad, además con una eficacia tristemente comprobada. No es un dato menor que Estados Unidos tenga más armas que habitantes: 400 millones. Y se da por descontado que luego de la matanza, la gente adquiera muchas más en un enfermizo intento por protegerse de eventuales ataques.   

Pese a estos espantosos tiroteos masivos, Estados Unidos sigue sin admitir que la violencia armada es predecible y, lo que es aún peor, sin adoptar acciones necesarias para evitar el horror. Tras cada nueva pesadilla, presidentes, congresistas o gobernadores se muestran desconcertados, expresan condolencias, acompañan a las familias de las víctimas, pero al final se descubren impotentes ante el poderoso ´lobby de las armas´ liderado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), acostumbrada a repartir millones de dólares a sus aliados del Partido Republicano, para granjearse su respaldo en los debates de iniciativas sobre control de armas que terminan naufragando en el Congreso. Aferrados a sus cuotas de poder, temerosos de un eventual castigo electoral de sus votantes, los senadores republicanos se esfuerzan para evitar que nada cambie frente a la posesión de armas. Como bien lo expresó en una desgarradora declaración el entrenador de baloncesto Steve Kerr: 50 de ellos “mantienen secuestrados a los estadounidenses”. 

¿Es posible contener ‘La Epidemia de las Armas’, como bautizó hace unos años el diario New York Times la incontenible proliferación de estos artefactos en manos de particulares? Es una pregunta sin respuesta. Y así lo será por tiempo indefinido. Porque, aunque el debate vuelve a estar vigente por la tragedia de Uvalde, difícilmente los responsables de las decisiones públicas darán su brazo a torcer para respaldar regulaciones más restrictivas de las libertades aparentemente ilimitadas por estar amparadas en la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a poseer y portar armas. El país norteamericano enfrenta una “atrocidad moral y una desgracia nacional” que pesa sobre sus legisladores, muchos de los cuales se retratan hoy con los padres de los niños asesinados en Uvalde, pero mañana posarán al lado de la dirigencia del ‘lobby de las armas’ en su reunión anual. Incoherencia encubridora que apagará la vida de más inocentes en cuestión de días. Con estupor, el mundo es testigo de cómo esta nación se ha acostumbrado “a vivir en esa carnicería”, como se lo preguntó su propio presidente, el abatido Joe Biden. Y no es para menos.