Ante la violenta arremetida contra los líderes sociales en Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó, con toda razón, su seria preocupación por los repetidos asesinatos cometidos contra ese sector de la población, a los cuales se suman las muertes de excombatientes de las Farc.

Por eso el organismo internacional reclamó acciones efectivas del gobierno del presidente Iván Duque con el fin de mejorar la seguridad de los líderes y excombatientes. Se trata de una dolorosa e intolerable tragedia humana a la que, sin ninguna demora y con toda la urgencia, hay que ponerle freno.

En 15 días del 2020 han sido denunciados 18 asesinatos por organizaciones sociales y de derechos humanos, es decir, más de una víctima diaria, pero la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que son 10. A estas alturas la cifra exacta es intrascendente. Lo alarmante es esta especie de operación de crimen sistemático que cobra vidas en lugares apartados del país, a los cuales el Estado no llega, e incluso en algunos sitios en donde la autoridad es visible.

Aunque el presidente se ha referido en reiteradas ocasiones a este delicadísimo asunto que afecta la esencia de la democracia, esta vez la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, es la que pone el dedo en la llaga. Los pronunciamientos nacionales e internacionales sobre esta masacre sistemática no habían tenido tanta fuerza como el de ayer, que hace enérgico llamado a fin de que se redoblen los esfuerzos.

Para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales.

La ONU urge a Duque a detener la “violencia e impunidad” y lo emplaza a investigar y enjuiciar a los autores de estos crímenes, así como a quienes los instigan y apoyan.

Después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, la violencia en el territorio nacional había disminuido a mínimos históricos, pero de repente dio un inesperado giro por cuenta de grupos violentos plenamente identificados por las autoridades y cuyo objetivo es preservar rutas del narcotráfico.

Los registros de Naciones Unidas señalan que, en 2019, 107 activistas sociales fueron asesinados y se están revisando 13 casos más, lo que podría aumentar la cifra a 120. En 2018 las estadísticas señalan que los criminales acabaron con la vida de 115 personas vinculadas a las luchas sociales. El estigma de la violencia en Colombia se agrava con esta sucesión de asesinatos.

El Gobierno, que no ha dejado de condenar los asesinatos de los lidrres sociales, debe reaccionar con mucha mayor contudencia a este siniestro desafío.