EL HERALDO informó ayer los resultados de un informe de la Contraloría General de la República sobre los denominados Bonos Agua que hace poco tuvieron contra las cuerdas al ministro de Hacienda.
Al margen de la disputa política alrededor de este tema, las conclusiones del informe, firmado en diciembre pasado y hecho público hace unos días, merece la atención de todos, por cuanto no solo evidencian cómo el gobierno ha tratado de subsanar las carencias que en materia de agua persisten en gran parte de los territorios del país, sino también la incapacidad de los municipios –sobre todo los más pequeños– para ejecutar las obras financiadas por este tipo de inicativas, además de los costos financieros que han supuesto para las administraciones, los cuales, según algunos, son muy difíciles de asumir.
El informe de la entidad de control da cuenta de que en la Costa 47 municipios accedieron a créditos por un valor de más de $142 mil millones. En 26 de ellos, 30 obras no se terminaron o no están en funcionamiento, un hecho notable que evidencia una eventual pérdida de más de $51 mil millones, entre recursos parcialmente ejecutados y los usados en obras que en la práctica no benefician a la ciudadanía.
En el Caribe, los Bonos Agua financiaron proyectos en Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre, en su mayoría de acueducto y alcantarillado en localidades que guardaban la esperanza de obtener, después de toda una vida, estos servicios fundamentales. Pero, la combinación entre la corrupción y una planeación no idónea ha dado al traste en muchas de esas poblaciones con lo que parecía la salida definitiva a uno de los principales problemas de región.
La Contraloría da cuenta también de las dificultades de algunos de los municipios para sostener una carga de pagos superior a sus posibilidades, en razón de los intereses de dichos créditos, hecho que podría justificarse si al menos las obras en cuestión estuvieran operando en beneficio de las comunidades afectadas por la falta de servicios de agua potable y alcantarillado.
Esta situación, una más de las muchas que afectan el derecho ciudadano a acceder a un servicio que le ha sido negado a las poblaciones más pobres del Caribe a lo largo de los años, amerita la atención no solo de los entes de control que advierten sobre el posible detrimento patrimonial implicado en los Bonos Agua, sino en las autoridades que deben honrar su obligación de solucionar, con absoluta transparencia y eficacia, la demanda urgente de miles de personas que siguen, para mitigar su sed, dependiendo de la escasa voluntad de políticos y funcionarios.
