Con la declaratoria de calamidad pública en Ponedera y Suan ya son ocho los municipios del Atlántico que se acogen a esta figura para hacer frente a los problemas de desabastecimiento de agua producto de la sequía que azota al país. En total, en la Costa Caribe son 41 (15 en La Guajira, 12 en el Magdalena, 6 en el Cesar más los ocho de Atlántico).

La situación es crítica, no solo en la Costa. Hay 304 municipios  que han presentado algún nivel de desabastecimiento de agua. Por esa razón el Gobierno les ordenó ayer a los mandatarios del país que ejecuten un decálogo de acciones urgentes para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, entre los cuales les pide que busquen fuentes alternativas de abastecimiento, incentivar en la comunidad prácticas de ahorro y uso eficiente del agua, monitorear las fuentes hídricas y activar los planes de emergencia y contingencia oportunamente.

El departamento de La Guajira decidió extender la calamidad pública para echar mano de las herramientas que brinda la ley. La situación en la península es más grave por las condiciones desérticas de su geografía. Eso, aunado a la crisis alimentaria, dibuja un panorama desolador para un departamento que recibe cuantiosas regalías mineras.

Lo que el Ideam ha pronosticado es que en los meses de febrero, marzo y abril arreciará la sequía. Los alcaldes y gobernadores tienen  la responsabilidad de poner en marcha todas las fórmulas posibles para contener el que se cree, es el fenómeno climático más fuerte de las últimas décadas. Un total de 30 mil reses han muerto por causas asociadas a la falta de agua, según datos entregados por la Federación Nacional de Ganaderos.

El desafío que plantea la naturaleza pondrá a prueba la capacidad de gestión de los gobernantes locales de la región y del país. La situación reviste una importancia mayúscula por cuanto se trata de la supervivencia de cientos de comunidades que están en emergencia porque no tienen acceso al agua.

Aquí conviene recordar la responsabilidad de todos los ciudadanos en general. Más allá de que el deber de prever este tipo de situaciones recae en las autoridades nacionales, es hora de sumar esfuerzos y actuar con sentido colectivo.

La preservación de los fuentes hídricas debe ser un propósito de cualquier país que se precie de ser civilizado, y en coyunturas como esta debería escalar a convertirse en un objetivo primordial.

De la aplicación del decálogo de acciones urgentes y del uso racional que los ciudadanos hagamos del agua dependerá evitar que se presenten situaciones que amenacen la vida de miles de colombianos.

Ya llegará el momento de poner en marcha las acciones de fondo para que no se repitan crisis como la que vive el país.