Lamentablemente el asesinato de un hincha del Junior en Cartagena, tras el partido frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, no resulta un hecho aislado ni puede considerarse un exceso circunstancial de la pasión futbolera.
Estamos, una vez más, ante la expresión más brutal de degradación de la condición humana, normalizada —a ratos— en los estadios y sus alrededores, donde el deporte deja de ser un espacio de encuentro colectivo para convertirse en escenario de violencia desbordada. Lo ocurrido, que segó la vida de Gabriel Alfredo Acosta Navas, exige una condena sin matices y, sobre todo, decisiones categóricas.
La ola de desmanes, antes, durante y después del encuentro del miércoles, es inaceptable. Ataques con piedras a los buses de hinchas, agresiones con armas cortopunzantes, robos y persecuciones en distintos sectores de la ciudad no corresponden a una rivalidad deportiva entre el Junior y el Real Cartagena. ¡Faltaría más!
Quienes protagonizaron tan repudiables hechos no son hinchas, son verdaderos delincuentes, criminales. Lo advierten, y con razón, las autoridades de La Heroica que ofrecen recompensas para dar con el o los responsables del crimen. La exigencia de justicia por parte de la familia de la víctima no admite dilaciones.
En todo caso, la respuesta institucional no puede limitarse a las reacciones posteriores. Las denuncias de la barra ‘Los Kuervos’ sobre fallas en la logística y en los operativos de seguridad —cambios de rutas, previsión insuficiente y alertas desatendidas— obligan a una revisión rigurosa de los protocolos establecidos. No basta con desplegar centenares de uniformados si la planificación falla en lo esencial, que es prevenir riesgos y proteger la vida.
El alcalde Dumek Turbay promete correctivos de cara a los próximos partidos de mayo, al tiempo que defiende la capacidad de Cartagena para albergar eventos de esta magnitud. No obstante, después de una noche marcada por tanta violencia, su afirmación queda bajo escrutinio.
La ciudad, como cualquier otra, tiene que demostrar con hechos —no con declaraciones solemnes— que sí puede garantizar seguridad integral para los ciudadanos.
Pero más allá de las responsabilidades inmediatas, el episodio obliga a mirar un problema de más hondo calado: el odio que se ha incubado alrededor del fútbol. Esa pulsión que deshumaniza al otro, que convierte al rival de la cancha en enemigo, termina por justificar lo injustificable.
La historia nos ha demostrado con creces que cuando el odio se impone, destruye todo a su paso. También en el deporte. Sería irresponsable no entenderlo de esa manera, en especial ahora que, desde la barra afectada, se profirió una sentencia temeraria.
El daño causado es irreparable para una familia y evitable para toda la sociedad. Por eso, la respuesta no puede ser coyuntural. El asesinato de Gabriel Alfredo Acosta Navas interpela de manera directa al fútbol colombiano y a sus actores.
El pronunciamiento hecho por el Junior introduce un elemento indispensable en el debate para ejercer la defensa inequívoca del deporte como lugar de coexistencia y no de confrontación.
Cuando se desborda la noción de rivalidad y se instala en el terreno de la criminalidad, proceda de donde proceda, la violencia se justifica y las tragedias afloran a su paso. De ahí que se requiera una acción coordinada entre autoridades, clubes, barras e hinchas para erradicar de raíz semejantes conductas. Sin embargo, ninguna estrategia para revisar dispositivos de seguridad o de traslados será suficiente si no se desactiva el caldo de cultivo del odio que divide y enfrenta.
El fútbol, que es una fiesta compartida, una expresión de identidad común, no puede seguir siendo rehén de la violencia, sumando víctimas, destrozando familias. Defenderlo es, ante todo, defender la vida, porque la verdadera victoria no solo está en el marcador, también en la capacidad de disfrutar el espectáculo con respeto, responsabilidad y sana convivencia.
